Ignacio Camacho-ABC
- La imputación de 25 gestores de la SEPI representa un salto cualitativo en la escala del territorio institucional corrompido
La imputación de veinticinco directivos y exdirectivos de empresas públicas, veinticinco, de los cuales la quinta parte continúan en sus cargos, representa un salto cualitativo fundamental en los indicios de corrupción detectados por la Justicia en las altas esferas del Estado. Ya no se trata de simples fontaneros encargados de ejecutar vidriosos trabajos subterráneos, sino de presuntos cómplices situados en el corazón del aparato inversor oficial que les pudieron facilitar gestiones y contactos. Es decir, el cuadro del ecosistema venal encastrado en las instituciones que la reciente sentencia del Supremo sobre el caso Ábalos señala como una seria amenaza para la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento de los mecanismos democráticos.
Los tres presidentes de la SEPI en la etapa sanchista y una significativa porción de los equipos del ‘holding’ público están bajo sospecha de haber participado en una merienda de negros donde se repartían ayudas millonarias entre determinadas compañías con acceso privilegiado a circuitos de influencia. Al amparo del decreto de alarma de la pandemia tuvo lugar una masiva derrama de fondos para salvar negocios en quiebra, reparto al que como sucedió con el material sanitario acudieron los tradicionales pescadores en aguas revueltas, a quienes el procedimiento de urgencia facilitó la tarea de saltarse las reglas. SEPI llegó a rescatar…¡¡una discoteca!! a la que concedió por su cuenta –y riesgo, sobre todo– el dudoso estatus de empresa estratégica.
Lo que la catarsis judicial está sacando a la luz es que en ese mercado de chalanes no sólo participaron algunos políticos de manos largas, comisionistas de aluvión o gerentes bizcochables, sino que anduvo por medio una trama subterránea al servicio del partido gobernante. La ya famosa cloaca de Leire, Cerdán y amigos tenía montada una red de relaciones de alta cualificación que detectaba oportunidades para organizar operaciones de toda clase: financieras, inmobiliarias, comerciales. Unas culminaron y otras no, pero el flujo de información reservada era constante y permitía a sus beneficiarios seleccionar adjudicaciones de contratos, condicionar decisiones favorables, manipular informes, amañar concursos, desatascar trámites.
Lo que quiera que ocurriese acaeció bajo la responsabilidad política de María Jesús Montero. No de un modo contextual o genérico: los ejecutivos investigados eran sus colaboradores directos, nombrados por ella, y la propia sociedad estatal de cartera constituye un pilar esencial en el organigrama del Ministerio. Más: la exvicepresidenta era también la número dos del PSOE durante buena parte del tiempo en que la supuesta ‘organización criminal’ se movía a caballo entre la estructura de Ferraz y la del Gobierno. Pero la responsabilidad política ha quedado abolida como principio moral y los procesos para determinar la penal suelen ser largos y lentos. No va a haber en España tribunales suficientes para depurar un saqueo cuyo ámbito abarcaba al Estado entero.