Nuestras amplias competencias en materia de ordenación y planificación educativas se encuentran centralizadas en la Administración General de la Comunidad Autónoma, con poco espacio para la intervención municipal. La Ley de Instituciones Locales de Euskadi de 2016 recoge la necesidad de participación de los municipios especialmente en «la programación de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, así como conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios» destinados a centros públicos, pero sólo en los primeros niveles educativos.

Por ello, la educación no ha sido un área de especial trascendencia en los ayuntamientos vascos. En su mayoría, nuestras corporaciones han limitado su iniciativa al primer ciclo de Educación Infantil, debido a su componente asistencial que sienten más propio, mostrando menor interés en el segundo ciclo de esta etapa y en la Primaria, con poca atención al resto de niveles, salvo el impulso en algunos municipios a la Formación Profesional Básica y a programas socioeducativos complementarios.

El debate en torno al proyecto de Ley Vasca de Educación no ha ofrecido nuevas ideas, bien porque sus promotores no las tuvieran o bien porque no quisieran detallarlas, más allá de la posibilidad de colaborar con el Departamento de Educación en los procesos de matriculación. En esto también, el texto contradictorio y carente de regulaciones concretas ha levantado suspicacias por su ambigüedad, como se observa en el Informe que la Comisión de Gobiernos Locales realizó al anteproyecto inicial en diciembre pasado.

Sin embargo, la situación objetiva exigirá a los municipios entrar a un debate, seguramente indeseado, antes aún de que el proyecto adquiera cuerpo de ley, si realmente llega a tomar tal cuerpo. Los cambios poblacionales, con una reducción drástica de los nacimientos y amplio protagonismo en los mismos de aquellos de origen extranjero, así como una mayor presencia de niños y jóvenes, acompañados o no por sus familias, que llegan al País Vasco en distintos momentos de su vida y de la vida local, obligarán a que los municipios asuman un protagonismo renovado a la vuelta misma de las vacaciones.

No agradará a muchos alcaldes y alcaldesas posicionarse ante la reducción prevista de miles de aulas, porque son servicios básicos que a nadie apetece comunicar su ajuste, por más que haya casos razonables. Pero deberán tomar partido activo ante las disminuciones de unidades escolares, su alcance y ubicación. La oferta educativa tenderá a concentrarse y la cuestión es si lo hará de forma ordenada, contribuyendo a disminuir la segregación que padecemos y facilitando una red de centros públicos más potentes y eficientes, o será una reducción injusta y salvaje, que irá en detrimento de la calidad del servicio educativo, el acceso igualitario al éxito escolar y las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

La creación de más centros públicos integrales (IPI) que acogen al alumnado desde los 2 años hasta los 16 -Educación Infantil, Primaria pero también ESO-, será seguramente una pauta en la reordenación del mapa escolar. Asimismo, las expectativas levantadas por la gratuidad prometida en la oferta pública del primer ciclo de Infantil implicarán cambios en la red de centros de estos niveles. Y todo ello forzará a los ayuntamientos no sólo a reordenar presupuestos, sino a desplegar mayor iniciativa, al menos en estos niveles educativos.

Su intervención tampoco limitará su trascendencia a los centros públicos, sino que será igualmente fundamental en el caso de los centros de titularidad privada, necesitados en algunos casos de la colaboración municipal para hacer frente a los gastos por reducción de unidades, fusiones o cierres, con el pago de las indemnizaciones consiguientes. Las nuevas corporaciones locales deberán mostrar disposición a propiciar en este sector las acciones necesarias, pero siendo muy conscientes tanto del riesgo de pérdida de servicios educativos como de la posibilidad de especulación que ello puede provocar.

Las corporaciones locales, y obviamente el Gobierno vasco, se equivocarían si abordasen las consecuencias de los cambios demográficos sin respetar escrupulosamente la legalidad, a veces gravemente olvidada como se ha podido comprobar, y sin la imprescindible participación de la comunidad educativa. Afortunadamente, tampoco aquí es necesario esperar a una nueva ley. Euskadi dispone de una legislación propia bastante menos confusa que el proyecto remitido al Parlamento, y suficiente para que esa participación se produzca, además de en los habituales consejos escolares de centro y Consejo Escolar de Euskadi, también en los consejos escolares municipales, de circunscripción y territoriales, en su mayoría extintos o languidecientes por falta de un claro compromiso institucional.