FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR / Dir. Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, ABC 09/05/13
· Ni siquiera hace falta estar totalmente de acuerdo con la ley para aplaudir lo que este acto ministerial puede suponer. Porque implica romper con un tiempo en el que la cultura no ha sido patrimonio común de todos los españoles, sino zona de identidades nacionalistas ilusorias para diferenciarlos. Abrirla para acabar con un tiempo en el que la autoridad se ha tomado por dictadura.
No me sorprende en absoluto el sarpullido que ha brotado en algunos sectores de la sociedad española desde el momento en que se ha anunciado una modificación del sistema educativo. El griterío nada tiene que ver con el hecho en sí de una reforma, en un sector tan habituado a ellas, sino que es fruto del estupor de quienes pensaban que los españoles íbamos a continuar resignándonos a la impunidad de un sistemático asalto a la cultura. Durante estos años ha sido tal el secuestro del pensamiento crítico que los beneficiarios del sistema que nos ha llevado al borde del abismo educativo se creían a cubierto de cualquier petición de cuentas por una España, cada vez más perpleja ante lo que, con singular economía de lenguaje, ha venido llamándose fracaso escolar.
Se me disculpará evocar la tan manoseada advertencia del joven Marx, pero es que la ocasión lo merece. Si levantara la cabeza aquel revolucionario, en quien dicen inspirarse algunos de los que con más estulticia se han manifestado estos días, podría indicar que el cartero de la historia siempre llama tres veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa y la tercera como una tomadura de pelo que ni siquiera merece elevarse a categoría literaria alguna. Y es que, después de las trágicas componendas de sindicalistas y directores generales de la transición, tras la farsa pedagógica de la Logse, se monta un revuelo en cuanto alguien ha dicho lo que muchos sólo se atrevían a pensar. De lo que se trata con el actual estruendo es de paralizar los argumentos y promover una algarada que pueda llegar a tomarse como opinión pública. Están en peligro demasiadas inercias, están en riesgo demasiados privilegios, están al caer demasiadas mentiras para que los defensores de este sistema en quiebra se resignen ya no a cambiar de postura, sino tan sólo a jugar limpio.
¿Cómo puede extrañarnos que España haya esquivado, durante años, un debate de envergadura, cuando se observa el tono de insufrible grosería de las primeras contestaciones al anuncio ministerial? Que a nadie le asombren: es lo que se ha escuchado en todos los niveles de nuestro sistema educativo cada vez que alguien ha planteado objeciones a lo que se estaba perpetrando. Esa gruesa indumentaria verbal, digna de un manual para exorcistas, ha probado ya su eficacia vejatoria y su capacidad ofensiva en otros escenarios, a pie de aula, contra quienes se resistían a ser cómplices del desastre. Que se recuerde cómo, a lo largo de muchos años, el profesorado más digno, el alumnado más esforzado, los padres más preocupados por la formación de sus hijos han tenido que resignarse a su propia y atemorizada frustración. Que se diga bien alto cómo muchos pensamos que ya está bien, que ya era hora, que quizás llegamos demasiado tarde.
Lo que molesta a los vociferantes es que salga a la luz ese vía crucis del conocimiento que ellos siguen queriendo llamar aprendizaje cultural. Lo que les aterra es que se desvele uno de los secretos mejor guardados desde la transición: el desguace del principal recurso con el que cuenta una sociedad para articular un proyecto colectivo. Les subleva que alguien trate de poner remedio y explique al país en qué condiciones nos encontramos. Les irrita que, por primera vez, y quizás como resultado de una crisis insoportable, no estemos dispuestos a tolerar esos lugares comunes que ahora asoman, decididos a esterilizar un debate necesario.
La Consejera de Educación de la Generalitat ha llegado a decir que la nueva ley debe ser considerada una batalla en el marco de una guerra destinada a quebrantar la moral de los catalanes. Estos disparates belicistas se propinan con una sonrisa, como si aquí no pasara nada, como si lo dicho no fuera un guantazo a la cara no sólo del Gobierno, sino de todos los españoles que lo votaron, incluyendo los catalanes. Con semejantes dicterios lo que verdaderamente se rebela es la auténtica función del sistema educativo en el discurso nacionalista. Porque la mayor estafa reside en el uso exclusivo de una lengua que se considera la única expresión legítima de la cultura catalana. Los catalanes conquistaron sus derechos en la misma medida y en el mismo momento en que lo hacían todos los españoles, en la transición democrática. Concebimos entonces la enseñanza como un sistema de formación basado en los grandes valores del mérito, el esfuerzo y la preservación de un patrimonio cultural que alberga los dos idiomas hablados en Cataluña. Y, por supuesto, la entrega de las competencias educativas a la Generalitat no tuvo la intención de iniciar un proceso de nacionalización alternativa a la española, sino precisamente la ingenua pretensión de fortalecer una idea de España capaz de integrar respetuosamente su diversidad.
Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso ha llegado a afirmar que la reforma es una operación retrógrada, quizás la más reaccionaria que se ha sufrido en España desde la transición. ¿De verdad? Creo yo que lo reaccionario ha sido, en cambio, lo sucedido hasta ahora. Lo retrógrado ha sido liquidar la enseñanza pública no estableciendo pruebas de acceso adecuadas para asegurar la calidad de la docencia. Lo reaccionario fue garantizar, en los inicios de la transición, puestos de trabajo de por vida a personas a las que ni siquiera se sometía a un examen riguroso. Lo reaccionario fue aprobar una Logse que, bajo el pretexto de no frustrar las expectativas de alumnos de diversa capacidad y disposición al trabajo, destruyó los métodos de una evaluación objetiva, permitiendo que los años de estudio transcurrieran en un cálido letargo del que sólo se salvaban aquellos cuya familia disponía de recursos para completar su educación.
Eso es lo insultantemente retrógrado: condenar a los alumnos de la escuela pública a la indigencia, para complacer a sindicalistas que exigen el respeto a la antigüedad en la empresa, a falsos pedagogos que creen que se puede aprender sin esfuerzo ni disciplina, a padres inmaduros a los que se ha prometido la promoción social a través de un título regalado. Que el coordinador general de IU crea que esta ley iguala la oración y las matemáticas sólo puede llamar a la compasión intelectual, la misma piedad que necesitamos para con una dirigente de nuestra izquierda que culpa a esta norma de la falta de prevención de la violencia de género. Quizás estas afirmaciones sean la mejor muestra de los niveles de calidad de pensamiento que algunos quieren dar a nuestro sistema educativo.
Ni siquiera hace falta estar totalmente de acuerdo con la ley para aplaudir lo que este acto ministerial puede suponer. Porque implica abrir la veda para romper con un tiempo en el que la cultura no ha sido patrimonio común de todos los españoles, sino zona de identidades nacionalistas ilusorias para diferenciarlos. Abrirla para acabar con un tiempo en el que la autoridad se ha tomado por dictadura. Abrirla para acabar con un tiempo en el que nadie quería ser juzgado según su esfuerzo, sino de acuerdo con su prudente obediencia o su laxa conformidad. Abrirla para acabar con el tiempo de esa corpulenta alianza entre caciques regionales, vagos de solemnidad y demagogos de profesión. Abrirla para acabar con un tiempo de silencio.
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR / Dir. Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, ABC 09/05/13