La educación en España no tiene arreglo mientras en nuestro país coexistan 17 normas educativas que establecen sistemas diferentes, exigencias distintas y/o currículos incompatibles; mientras la educación no sea competencia exclusiva del Estado. Cualquier decisión al margen de esta condición estará destinada al fracaso.
Educación: tarde, mal y nunca. Ése podría ser el eslogan de cabecera que enmarcaría la reunión que mantuvieron esta semana la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, y el Ministro de Educación, Gabilondo, para abordar lo que han dado en llamar el «Pacto Educativo». Tras ella volvieron a insistir en la necesidad de firmar un gran acuerdo que recogiera de la imperiosa urgencia de modificar los hábitos y costumbres en las aulas para que el profesor recupere su autoridad; de la necesidad de invertir más recursos en Educación; de la precariedad de nuestro sistema educativo� Nada que objetar a esas declaraciones y el resto de las realizadas para ratificar el buen clima entre ambos dirigentes (el uno del Gobierno, la otra del partido principal de la oposición) en fechas en las que la preocupación por el bajo nivel de nuestros educandos preocupa a propios y extraños.
Pero mucho me temo que ahí se quedará todo: en una declaración de buenas intenciones. Y quizá en un papelito suscrito entre ambos partidos políticos para disimular la vaciedad de contenidos de lo que llamarán pomposamente el Pacto por la Educación; como llamaron el Pacto sobre la Justicia a repartirse los puestos en el Consejo General del Poder Judicial.
Voy a darles algunas claves de lo que a nuestro juicio debiera formar parte del contenido de un pacto por la educación en España. En primer lugar y de forma principal quiero destacar que la educación en España no tiene arreglo mientras en nuestro país coexistan 17 normas educativas que establecen sistemas diferentes, exigencias distintas y/o currículos incompatibles. En tanto la educación no pase a formar parte de lo que son competencias exclusivas del Estado, esto no tiene arreglo. Cualquier decisión que se tome al margen de esta primera exigencia estará destinada al fracaso.
La gran asignatura pendiente en nuestro país es que el Estado recupere la competencia de Educación; y no lo planteo como la reformulación sobre el modelo territorial del Estado -cuestión esta en la que más bien pronto que tarde deberemos entrar-, sino como la conclusión de una reflexión serena y desprejuiciada sobre las consecuencias que han tenido en nuestra capacidad como país que nuestros jóvenes se hayan educado a partir de 17 leyes que conviven en un espacio de poco más de 40 millones de ciudadanos y entre las que ni siquiera existe correspondencia en lo que se estudia y se deja de estudiar, cuando no en el idioma en el que se educa a nuestros jóvenes, y que ha dejado de ser la lengua común en cinco de las CCAA del Estado español.
Pero claro, la recuperación por parte del Estado de esta competencia no forma parte ni de los deseos del PSOE ni de las exigencias del PP. Ellos están mucho más preocupados por mantener sus respectivos chiringuitos que por garantizar el futuro de las nuevas generaciones. A ambos les falta ambición de país y les sobra ambición partidaria. A ambos les queda grande el oficio de gobernar.
Sentenciado ya el fracaso en lo sustancial, quiero hacer algunas consideraciones respecto del papel que van a estudiar a propuesta del Gobierno. Me llama la atención que en el preámbulo se le de tanta importancia a la «modernización del sistema». El pacto, antes que modernizar, debe mejorar nuestra educación. No siempre lo moderno es lo óptimo y lo tradicional lo malo. Por ejemplo, el aumento del número de ordenadores en los centros escolares -muy moderno- se ha demostrado contraproducente desde el punto de vista de la calidad del sistema en varios países de nuestro entorno, tales como Holanda, Irlanda o Suecia.
De otra parte, resulta imprescindible especificar (cuantificar, por tanto) en cuantos puntos se propone reducir el fracaso y el abandono escolar dentro de un periodo de tiempo razonable; las leyes y los pactos han de poder ser evaluados de forma precisa o en su misma formulación estaremos anunciando el fiasco.
Sobran declaraciones autocomplacientes, tales como que se ha universalizado la educación en España: muchos jóvenes de 15 años tienen dificultades para comprender textos o gráficos sencillos, las carencias gramaticales de los universitarios se han convertido en un obstáculo para encontrar el primer empleo, en muchos centros no es obligatorio respetar a los compañeros, ni a los profesores, ni estudiar� ¿Es eso la universalización de la educación? ¿No será más bien que imponemos a nuestros jóvenes la obligación de ir a clase aunque no nos preocupemos de su aprendizaje?
Puestos a pedir está muy bien que se quiera «universalizar» de cero a tres años; pero no hay ningún informe internacional que afirme que eso contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes. Por ejemplo, en Finlandia se comienza a escolarizar a los siete años. Pero ya que tenemos en España a casi todos escolarizados de tres a seis años, lo fundamental sería definir los contenidos educativos básicos de esa etapa, tal como el aprendizaje de la lectura. Pero claro, aquí topamos otra vez con la política en el peor sentido de la palabra: 17 poderes políticos con aspiraciones de estado pugnando por introducir la diferencia entre ciudadanos españoles desde la más tierna edad de sus administrados.
Si al Gobierno socialista y al PP les preocupara educar a las futuras generaciones el pacto se fijaría en estas cosas que parecen menores; sólo si se aprende a leer y a comprender correctamente en los primeros años del aprendizaje se podrán conseguir todos los demás objetivos que marca la LOE para esta etapa. Además únicamente así se proporcionaría una igualdad real de oportunidades entre niños de entornos culturales bajos y los niños que provienen de entornos culturales medios o altos. Un sistema educativo que consigue que todos los niños lean mucho y bien es además una herramienta excelente para afianzar su desarrollo social, personal, intelectual y afectivo.
De otra parte el documento del Gobierno carece de total autocrítica. Si no se empieza por reconocer que el modelo Logse/LOE ha sido un fracaso y que revalorizar el esfuerzo significa, por ejemplo, impedir que alumnos con ocho asignaturas suspensas pasen de curso, cualquier pacto de estado estará abocado al fracaso, aunque lo suscriba no sólo el Partido Socialista y el Partido Popular sino todo el Parlamento.
(Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y Democracia)
Rosa Díez, EL MUNDO, 31/12/2009