Inicialmente, en la última década del pasado siglo, la calificación de ‘Rogue State’ se atribuía a algunos Estados que se situaban fuera del ámbito de la normalidad de las relaciones interestatales: en aquellos momentos, la Libia de Gadafi, el Irak de Sadam Hussein, el Afganistán de los talibanes, el Irán de los ayatolás, la Siria de Hafez el-Asad y algunos más de características similares. El problema no era tanto (no lo era en absoluto) el grado de democracia del régimen o su carácter dictatorial como su capacidad para interferir y perturbar el orden internacional y, más concretamente, los intereses de las potencias que ostentan una posición predominante.

No deja de resultar sorprendente que, tres décadas más tarde, el país en el que se acuña la caracterización de ‘Estado canalla’, referida inicialmente a los antes reseñados, esté experimentando un acelerado proceso de reconversión en un Estado cuyo encaje en esta calificación ofrece cada vez menos dudas. A la vista de la orientación mantenida durante este último año por su actual equipo dirigente capitaneado por Donald Trump y de las decisiones que se vienen adoptando, resulta difícil evitar su encuadramiento en tal modelo, que fue acuñado para (des)calificar a quienes tenían un comportamiento que no respetaba norma alguna en las relaciones con otros miembros de la comunidad internacional.

Una característica distintiva de la actuación del equipo instalado desde hace un año en la Casa Blanca es su exhibición de la vulneración de las normas internacionales más básicas, sin necesidad de recurrir a argumentos que justifiquen su comportamiento. Hundir lanchas en aguas internacionales, con las consiguientes víctimas mortales, o apresar buques apropiándose de la carga que transportan son actos que se sitúan al margen de toda legalidad y comportan una actividad claramente delictiva; con el agravante de que esta se realiza en esta ocasión desde el Estado, que en principio debe ser el garante del cumplimiento del derecho, tanto en el ámbito interno como en el internacional.

Capítulo aparte merece la operación militar para secuestrar a un jefe de Estado de otro país, lo que además del saldo de victimas mortales ocasionado (lo que nunca hay que ignorar) introduce un factor que no se había dado hasta ahora, pero cuyas consecuencias para el futuro de las relaciones internacionales están por ver. Ya cabe augurar que no va a contribuir a su normalización. Menos aún si sus actores hacen exhibición de la proeza ante las cámaras, por más que siempre habrá palmeros que aplaudan con entusiasmo el espectáculo.

Además de la vulneración de las normas básicas del Derecho Internacional, es obligado hacer una referencia a las del derecho interno propio de EE UU, que también van a verse seriamente afectadas por el comportamiento de las autoridades de Washington. No puede considerarse aceptable, de acuerdo con la propia Constitución estadounidense, emprender operaciones militares contra otro Estado al margen del Congreso, que ha sido objeto del más desconsiderado ninguneo institucional por parte de la Casa Blanca. Y tampoco cabe disponer de la Guardia Nacional ni de la Agencia de Control de la Inmigración (ICE) como si se tratase de milicias particulares que pueden emplearse a conveniencia.

Resulta difícil anticipar, en el momento presente, sobre todo teniendo en cuenta la imprevisible personalidad del principal protagonista, a dónde puede conducirnos la deriva que sigue el Estado que en la actualidad ocupa un lugar central en la escena internacional. Con el problema añadido de que dada la entidad del infractor de la legalidad, internacional e interna, las dificultades para poder hacer frente a la situación se acrecientan.

En todo caso, ya puede afirmarse que el comportamiento que viene exhibiendo la Administración de Trump y su equipo desde su instalación en la Casa Blanca es lo más parecido al propio de un ‘Rogue State’; que, a día de hoy y por desconcertante que pueda parecer, está teniendo en EE UU su exponente más relevante.