El Gobierno de Estados Unidos zanjó ayer cualquier debate sobre su postura en torno a la independencia de Cataluña y enfrió los intentos del Govern por atraer simpatías en Washington hacia el procés. La embajada estadounidense en Madrid difundió un comunicado en el que define el debate catalán como «un asunto interno de España». Tras la estudiada neutralidad diplomática, el comunicado de EEUU también incluía una carga de profundidad contra el intento del independentismo de internacionalizar el proceso y un respaldo de facto a las posiciones del Ejecutivo contra la celebración de un referéndum en Cataluña: «[El Gobierno norteamericano] está profundamente comprometido en mantener la relación con una España fuerte y unida».
Lo que el PSOE considera «osado» y hasta «frívolo» es vincular la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un «asunto de ámbito constitucional y una reforma de Estado», a un acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos para una comunidad autónoma, en este caso Murcia, como explicó a EL MUNDO el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, Juan Carlos Campo.
Este magistrado sevillano fue, precisamente, el secretario de Estado de Justicia que elaboró el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el último Gobierno socialista no pudo ya tramitar y aprobar. En este texto se incluía la limitación de la acción popular para evitar la politización de la justicia, como coinciden ahora también el PP y Ciudadanos.
Campo está dispuesto a negociar con el PP, Ciudadanos y Podemos esta importante reforma penal, pero en un marco amplio en el que se discuta también sobre la instrucción de los casos por parte de la Fiscalía, en vez de los jueces, sobre un nuevo Estatuto Fiscal que dote al Ministerio Público de una auténtica independencia del Poder Ejecutivo y sobre un nuevo procedimiento penal más rápido y eficaz.
«Supresión de la acción popular, no», explicó ayer a este diario el portavoz socialista de Justicia, «limitación, sí, pero antes tenemos que abrir un profundo debate, no sólo con todos los grupos políticos, sino también con las asociaciones de jueces y con juristas de prestigio para dar la mejor solución al procedimiento penal general».
El PSOE, por tanto, está dispuesto a discutir con el PP, con Ciudadanos y con todas las demás formaciones políticas la limitación de la acción popular. De hecho, subrayan desde este partido, «es un tema de mucha enjundia jurídica como para pactarlo entre dos y limitado a garantizar un acuerdo de gobierno en una región concreta».
Los socialistas están en principio de acuerdo con que los partidos políticos no puedan ejercer la acción popular, como plantea también el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta posibilidad, entienden, lleva a la judicialización de la política.
En segundo lugar, el PSOE considera que se debe delimitar en qué tipo de delitos se puede desarrollar la posibilidad constitucional de la acción popular y en cuáles no. Por último, Campo añade incluso la posibilidad de que pueda ser el juez el que valore y determine en cada caso concreto si admite o no la acción popular.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya aseguró en su primera comparecencia parlamentaria esta legislatura que es «fundamental despolitizar la justicia» y «desjudicializar la política». De hecho y en su opinión, «el abuso o el mal uso» de la acusación popular ha «pervertido el sentido de esta figura», que tiene relevancia constitucional. De hecho, Catalá recordó ante la Comisión de Justicia que la tendencia legislativa en toda Europa en torno a la acción popular es «sumamente restrictiva».
Catalá abogará por que la acusación popular sea «lo que quiso nuestra Constitución que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, pero nunca un instrumento al servicio de la política, ni de espurios objetivos no judiciales».
El Congreso de los Diputados ha creado hace escasas semanas una Subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia con presencia de todos los grupos parlamentarios donde, precisamente, se va a estudiar y debatir la reforma penal en profundidad a partir de este año.
Fuentes parlamentarias explicaron que las comparecencias ante esta subcomisión comenzarán el próximo 26 de abril con la asistencia de representantes de las cuatro principales asociaciones de jueces de España. Por este órgano pasarán jueces, juristas y especialistas de todo tipo para proponer y abordar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la justicia de forma general.
El Gobierno insiste en que su intención es que la reforma se haga por consenso de una amplia mayoría del Parlamento. Por eso, fuentes socialistas temen que tras esta reclamación de casi unanimidad se esconde una intención final de no reformar el proceso penal, que lleva años siendo parcheado.
La justicia penal española, como aseguran tanto desde el PP como desde el PSOE, funciona ahora mismo con una ley del siglo XIX que ha sido parcheada y modificada 75 veces. Por eso tanto Catalá como el PSOE coinciden en que la reforma es ya «inaplazable». Sin embargo está por ver qué posición adoptan Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos.
Los socialistas añaden que también falta por saber si el Gobierno y el PP tienen voluntad real de afrontar una reforma de tanto calado esta legislatura, con un Congreso muy fragmentado.