El laboratorio de frases de la Moncloa ha acuñado el sintagma (perdón, Rosa Belmonte) «efectos indeseados» para quitar hierro al escándalo de los agresores sexuales rebajados de pena o directamente sueltos por la ley estrella de Podemos. Lo repite el presidente, lo repiten los ministros, los repiten los trompeteros gubernamentales en los medios, lo repite el sanchismo al completo a modo de mantra que suena entre excusa y lamento, como una forma de minimizar el descalzaperros que está provocando en la coalición un severo desgarro interno. Fue sin querer, vienen a decir, una especie de fallo técnico, un accidente, un error de procedimiento o de inexperiencia en el manejo de los siempre enrevesados recovecos leguleyos. Y de eso se trata, es cierto; nadie, ni el crítico más feroz o suspicaz, ha dicho que lo hicieran queriendo. Pero al Gobierno con más asesores de la historia, que gasta decenas de millones en consultores y consejeros, lo menos que se le puede exigir es que a la hora de modificar el Código Penal conozca los complejos mecanismos del Derecho.

Porque además, los dichosos efectos serán indeseados, faltaría más, pero no imprevistos. Tanto el presidente como sus colaboradores, y desde luego los redactores –redactoras, más bien– de la ley estaban advertidos. El proyecto recibió informes adversos de los tribunales autonómicos, de expertos independientes y de más de veinte organismos consultivos, y por una indiscreción de Carmen Calvo se sabe que ella y Juan Carlos Campo formularon en el Consejo objeciones en el mismo sentido. El principio de retroactividad normativa a favor del reo es de general conocimiento en el ambiente jurídico. No había margen racional para que nadie se creyese más listo, y pese a ello Sánchez desdeñó los avisos, dio el visto bueno y ordenó al grupo parlamentario socialista su voto afirmativo para que los socios dejasen de hacer ruido con su capricho. Como el que entrega un juguete a un niño con tal de que se quede tranquilo.

Han pasado cuatro meses de la primera reducción de condena a un delincuente sentenciado. Y desde entonces, cada semana aumenta en varias decenas el número de beneficiarios sin que los causantes del problema, atornillados en sus cargos, encuentren el modo de remediarlo. El remiendo propuesto por el PSOE, sin acuerdo con sus aliados, va para largo: se va a votar el 7 de marzo. Veinte días en los que seguirá el goteo de casos y la alarma social que está causando, cuya secuela de votos en fuga tiene toda la traza de ser el verdadero efecto indeseado. Ese contratiempo sí que estaba fuera de cálculo. El castigo electoral, la amenaza de descalabro, el descomunal cabreo de la opinión pública, las encuestas en vertiginosa cuesta abajo. Y no lo va a remediar Tezanos. Tantos desafueros políticos y legislativos impunes en este mandato para acabar resbalando por pisar una cáscara de plátano.