FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO 22/01/13
· En un país agobiado por la crisis, el conocimiento de casos de corrupción que afectan a cargos políticos provoca entre los ciudadanos indignación y desánimo. Indignación al descubrir la existencia de personas que aprovechan su acceso al poder político para el enriquecimiento personal o de sus afines, y desánimo por la sensación de impotencia que generan estas situaciones.
En los últimos días es el caso Bárcenas el que indigna a los ciudadanos de la calle, pero hace nada eran el ‘caso Pallerols’ o el ‘caso Campeón’ o cualquier otro. Parece haber casos para llenar todos los días del calendario y para salpicar a todas las formaciones políticas.
A principios de 2011, el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido presentó en el Congreso de los Diputados datos sobre la corrupción en los que estaban involucrados políticos de todos los partidos. En aquel momento la Fiscalía tenía abiertas 730 causas en las que estaban involucrados políticos. Miembros del PSOE estaban involucrados en 262 casos, los del PP en 200, otros 40 correspondían a Coalición Canaria, 30 a CIU, 24 al Partido Andalucista, 20 a Izquierda Unida y el resto se repartían entre múltiples grupos más, entre ellos el PNV, con tres casos, ANV y Eusko Alkartasuna, con uno cada uno.
La memoria de la Fiscalía Anticorrupción correspondiente al pasado año no ofrece información actualizada sobre los procedimientos con políticos implicados. Destaca, eso sí, el dato de que han disminuido las investigaciones sobre corrupción urbanística. Algo lógico porque con la crisis de la construcción a nadie le interesa que le recalifiquen un solar. Sale más a cuenta sembrar patatas que construir unos pisos.
La sobreabundancia de información sobre casos de corrupción genera la sensación de que tanto el sistema político como los partidos, que son parte fundamental del mismo, están podridos. Sin embargo, se pasa por alto que conocemos tantos casos de abusos porque los jueces y la policía los están sacando a la luz, es decir porque una parte de las instituciones está haciendo bien su trabajo para castigar a los culpables. Sin estas investigaciones, el nivel de corrupción sería, como mínimo, el mismo, pero la alarma social sería menor por puro desconocimiento. Viviríamos más tranquilos, pero no estaríamos mejor.
Probablemente, han fallado los mecanismos sociales e institucionales de prevención del delito, pero han funcionado eficazmente las instancias encargadas de averiguar y castigar las ilegalidades cometidas. Ha sido la justicia la que nos ha permitido conocer las cuentas del extesorero del PP en Suiza, al igual que las interioridades de los casos de corrupción que llenan las portadas de la prensa. El trabajo que ahora nos escandaliza servirá, con seguridad, para depurar responsabilidades y para que en el futuro descienda el nivel de corrupción.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO 22/01/13