- Recordarán que en muchos de estos municipios los concejales del PP y del PSOE sufrían grandes dificultades no solo para confeccionar sus candidaturas, si no para desarrollar con normalidad su trabajo institucional, pues a la persecución terrorista se unía la coacción insoportable que padecían
Dentro de unos días se producirá en Llodio un episodio vergonzoso que, como no tendrá consecuencia legal alguna ni será noticia, merece al menos ser divulgado. La segunda legislatura del presidente Aznar, respaldada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, fue decisiva para acabar con la banda terrorista ETA, como él dijo «solo con la ley, pero con toda la ley». De aquel periodo entre los años 2000 a 2004, son las leyes que dejaron a ETA vencida hasta que llegó la traición de Zapatero para resucitarla. Al frente de todo aquel impulso del Estado de derecho, la ley 6/2002 de partidos políticos, base de la ilegalización del brazo político de los terroristas, acompañada de otras, como la ley 12/2003 de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo o la reforma del Código Penal para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por delitos de terrorismo.
Quiero centrarme en esta ocasión en otra ley que formó parte de este conjunto y que, con las demás citadas, resultaron cruciales para facilitar la participación política de las fuerzas constitucionalistas en los ayuntamientos vascos. Recordarán que en muchos de estos municipios los concejales del PP y del PSOE sufrían grandes dificultades no solo para confeccionar sus candidaturas, si no para desarrollar con normalidad su trabajo institucional, pues a la persecución terrorista se unía la coacción insoportable que padecían, especialmente en las sesiones de pleno. Recuerdo las distintas ocasiones en que encabecé las candidaturas del PP en Llodio acompañado de cinco o seis afiliados del pueblo y seguido de varios familiares, cerrando la lista con nombres de militantes del resto de España que generosamente nos ayudaban a completarlas. Pues bien, para facilitar la tarea institucional y evitar que, habiendo votos, el miedo logrará alterar la representación institucional, se aprobó la ley 1/2023 para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.
Esta ley permitía, gracias a la modificación de la ley orgánica de régimen electoral general, que cuando un partido se quedara sin representación municipal por la renuncia de toda la candidatura, el propio partido designara los representantes correspondientes, aunque no hubieran concurrido como candidatos. No creo que el PP y el PSOE llegaran a utilizar el procedimiento en alguna ocasión, pero lo que jamás pensé que llegaría a ocurrir es que esta ley fuera utilizada por aquellos de los que nos tuvimos que proteger.
El ayuntamiento de Llodio está gobernado por EH-Bildu. Como consecuencia de algunas dimisiones voluntarias y otras renuncias obligadas para facilitar la participación de un destacado miembro de su coalición en el municipio, esta coalición se ha quedado sin candidatos. ¿Qué ocurre ahora? Pues que, ante esta tesitura y para no mermar su representación, convirtiendo de paso en concejal a su coordinadora municipal, que no fue candidata en las municipales de mayo de 2023, ha recurrido a la ley que la democracia puso en marcha para librarnos de su acoso. Un fraude como la copa de un pino, como el que utilizó Sortu –base de la coalición EH-Bildu– en la redacción de sus estatutos rechazando la violencia para conseguir su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior, como antesala de aquella bochornosa sentencia de mayo de 2011 por la que el Tribunal Constitucional permitió el regreso a los ayuntamientos de aquellos que el Supremo había considerado sucesores de las formaciones ilegalizadas en 2003 por formar parte de la banda terrorista ETA. Estas cosas ya apenas importan, pero creo que, tras el esfuerzo de aquella infantería municipal en años aciagos, tenía la obligación de dar publicidad a este vergonzoso fraude, uno más de quienes siempre utilizaron y utilizan la ley de manera tramposa en defensa de sus espurios intereses.
- Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco