EH Bildu le pide a Urkullu que se centre en la soberanía y se olvide del Concierto

¿Para qué trabarse en el debate y en la polémica sobre el Concierto Económico vasco y el Cupo, si el Estatuto está muerto? EH Bildu lo tiene claro y apuesta por centrarse directamente en acelerar la soberanía, aunque sus dirigentes no han precisado en Vitoria si van a lanzar ya una ofensiva institucional para lograrlo. El dirigente de EA, partido integrado en EH Bildu, Rafa Larreina ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a «no perder el tiempo mirando hacia el árbol del Concierto Económico» y a centrarse en «mirar hacia el bosque de la soberanía», porque ese debate no solo no sirve para nada, sino que además «obstaculiza nuestro futuro».
El diputado de Amaiur en el Congreso ha comparecido en rueda de prensa junto a representantes de EH Bildu en los parlamentos vasco y navarro, para dar la opinión de la coalición sobre las declaraciones en las que el líder del PSC, Pere Navarro, apostaba por derogar el Concierto vasco y el Convenio navarro. Una declaración que ha abierto el debate en el PSOE, aunque el Gobierno central no va a abrirlo. Fuentes del Ejecutivo aseguraron el viernes que «ese es un debate que no se va a abrir».

Larreina ha destacado que a Euskadi y a Cataluña les une la defensa del derecho a decidir y ha denunciado que «agitando polémicas estériles» se pretende que el «Estado condicione y arruine los procesos abiertos» en ambas autonomías para reivindicar la autodeterminación. Frente a ello, ha planteado que los gobiernos navarro y vasco, defiendan los instrumentos propios pero yendo más allá y «dando pasos hacia la soberanía plena». Para Larreina la polémica surgida con las palabras de Navarro está «contaminada» porque nace con el objetivo de impulsar la estrategia «recentralizadora del Estado». Asimismo, ha asegurado que le resulta «doloroso» que se acuse a los ciudadanos vascos de insolidarios con el resto del Estado, cuando esta afirmación es, a su juicio, falsa y demagógica. Según ha dicho cada ciudadano vasco aporta 2.000 euros al año para pagar la deuda pública de España, mientras que los habitantes del resto de comunidades aportan 1.200 euros.