Fernando Garea- El Confidencial
El referéndum fallido quedó en una enorme movilización social que ahora deben gestionar Rajoy y Puigdemont, con los partidos divididos sobre las posibles salidas
El 1-O ha provocado una profunda fractura institucional y una enorme brecha dentro y fuera de Cataluña y acerca la política española al abismo, con el Gobierno de Mariano Rajoy mucho más débil para afrontar esa situación. Probablemente, empieza hoy una nueva e incierta etapa en la democracia constitucional que se inició en 1978.
Del referéndum ilegal no salió un resultado homologable, como pretendían inicialmente los líderes soberanistas, como punto de apoyo para un proceso de independencia. Pero fue una enorme movilización social ciudadana en Cataluña, aunque no se cumplieran las exigencias legales para un referéndum vinculante de tanta trascendencia. Y de la jornada sale la impresión de fracaso del Estado y sale Mariano Rajoy debilitado por la gestión del conflicto, desde la falta de acción política previa al coste político de las medidas policiales para evitar el transcurso de la jornada electoral.
Las imágenes de las fuerzas de seguridad actuando en las puerta de los colegios durante toda la mañana desgastan la imagen del Ejecutivo y ponen en cuestión la forma de afrontar un desafío independentista que empezó incumpliendo la Constitución y el Estatut y terminó por vulnerar hasta su propia ley del referéndum. Las imágenes de la actuación policial acudieron al rescate del proceso soberanista, cuando más aislado estaba en todo el mundo.
El reflejo de los hechos en los medios internacionales habla por sí solo, aunque los agentes actuaran cumpliendo la orden del juez. La pretensión de Rajoy de solución jurídica, quirúrgica, limpia y limitada termina estallando con esas imágenes y causa el disgusto en la UE, que puede convertirse en presión internacional. Esa gestión es a la vez criticada por los más radicales de la derecha y al tiempo ha agrietado el frente con el principal partido de la oposición, porque el PSOE ha criticado la gestión de la intervención de la policía y la Guardia Civil en la puerta de los colegios y en privado expresa su claro rechazo.
La fractura social y la brecha territorial se concretan en la diferente visión de los hechos en Cataluña y desde el resto de España. En Cataluña se extiende esa gran movilización y aumenta el independentismo por el 1-O, mientras en el resto de España es posible que haya compresión entre muchos ciudadanos susceptibles de apoyar al PP en unas futuras elecciones. Lo que en Cataluña es negro, en el resto de España se ve blanco y viceversa.
Al Gobierno, además, le ha fallado la información previa para conocer los movimientos de la organización material del referéndum y no detectar las urnas de plástico y, sobre todo, ha fracasado por no medir que los Mossos no cumplirían en todos sus términos la orden judicial y se pondrían de perfil.
¿Qué ocurre a partir de hoy? ¿Quién recoge los pedazos del destrozo? Lo primero será buscar cómo restablecer la legalidad, si es que es posible.
Carles Puigdemont y los promotores de la consulta anuncian que pueden seguir su hoja de ruta prevista y mantener la idea de una irreal declaración unilateral de independencia, aunque sea diferida en el tiempo y no sea aceptada por otros estados. O puede intentar otras vías más improbables, como la negociación o la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, pero ya es difícil meter la pasta de dientes de nuevo en el tubo y frenar la movilización ciudadana en la calle que alentó. Para empezar, el martes arranca una huelga general convocada por la CUP.
Y Rajoy afronta la nueva y difícil etapa también más débil, porque le será muy difícil contar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos y asegurar su estabilidad. Y tiene muy complicado tener al PSOE detrás para abordar duras medidas posibles como la aplicación del 155 de la Constitución en caso de declaración de independencia. En esas circunstancias y con ese rechazo evidente en Cataluña, Rajoy debe liderar la búsqueda de la salida.
En el otro lado del Congreso, Pablo Iglesias ha vuelto a recordar la opción de la moción de censura, pero ahora es mas difícil que nunca. PSOE y Podemos necesitarían el voto de partidos independentistas que, a su vez, exigirían un referéndum pactado que Pedro Sánchez no está en condiciones de aceptar. No lo puede aceptar, entre otras cosas, porque el Tribunal Constitucional ha cerrado esa vía y solo sería posible con una reforma de la Constitución que el PP puede vetar.
El PSOE se mueve entre la exigencia de distanciamiento que mostró el PSC al pedir la dimisión de Rajoy y elecciones generales y su anuncio de que apoyará la defensa del Estado, aunque critique la actuación policial y asegure que le avergonzó.
No obstante, una vía posible, la única abierta, es la de esa reforma, pactada en la nueva comisión creada en el Congreso a instancias de Sánchez y aceptada por Rajoy. Para eso, el PP tendrá que ser flexible, Podemos rebajar su propuesta de máximos de fin de lo que llama el ‘régimen del 78’ y los independentistas aceptar renuncias, además de convencer a los que tanto ilusionó. En caso contrario, el bucle y la confrontación seguirán. Ciudadanos también está alejado de esa reforma por razones contrarias. El primer paso puede ser la reunión de Rajoy con el resto de partidos, anunciada por el presidente del Gobierno, aunque quizás ahora puede ser demasiado tarde, después de tanto tiempo perdido.
Con una legislatura que puede ser fallida, hay un horizonte de amenaza de elecciones generales anticipadas por la falta de apoyos al Gobierno del PP para hacer frente a la declaración de independencia, pero esa hipótesis choca con la manera de ser de Rajoy y la convicción, que seguro tendrá, de no poder afrontar ese abismo institucional con un proceso electoral inestable y de incertidumbre, tras el cual, como es sabido, no es sencillo formar Gobierno.