FERNANDO REINARES-EL CORREO

La verdad judicial y la académica refutan por completo las elucubraciones conspirativas sobre los atentados de Madrid

Todos los actos de terrorismo tienen su verdad. También los inusual e inesperadamente cruentos. En una democracia liberal, los cuerpos policiales y los tribunales de justicia son las primeras entidades emplazadas a arrojar luz sobre esa verdad. Los hechos probados tras la actuación de ambas instituciones públicas en sus respectivas esferas de competencia constituyen lo que se ha dado en llamar la verdad judicial. Pero esta puede ser complementada con la verdad académica, emanada de investigaciones regladas y contrastables que no están constreñidas por las disposiciones y los procedimientos de una legislación antiterrorista. En ocasiones la verdad académica consigue ir más allá de la judicial. Muy raramente la sustituye.

Sin embargo, no siempre es posible establecer la verdad judicial acerca de atentados de elevada letalidad. Eso pasó con uno de los peores actos de terrorismo ocurridos en España, el que tuvo lugar el 12 de abril de 1985 en el restaurante El Descanso, en Torrejón de Ardoz, donde un artefacto explosivo provocó 18 muertos. La causa que por ello se abrió en la Audiencia Nacional tuvo que ser archivada al no identificarse a los autores, aunque fue reivindicado por Yihad Islámica. El análisis académico tan solo pudo determinar en este caso que dicha denominación era entonces utilizada por la organización Hezbolá para asumir atentados en distintos países europeos, de manera que se habría tratado de un acto de terrorismo islamista con patrocinio iraní.

En otro de los peores atentados cometidos en España, el del 19 de junio de 1987, cuando 21 personas fallecieron al estallar un coche bomba en el centro comercial Hipercor de Barcelona, sí se identificó a los autores, terroristas de ETA. Una perspectiva académica hubiera complementado la verdad judicial insistiendo en que los dirigentes de la banda armada se implicaban en la toma de las decisiones conducentes a esos actos de terrorismo. Pero lo más significativo del caso es que la verdad judicial estableció que la Policía «no hizo nada» entre las llamadas alertando del coche bomba y su explosión, «tiempo bastante para evitar las consecuencias o al menos para aminorarlas», según sentencia dictada en mayo de 1994. El Estado español fue condenado por negligencia.

Precisamente a funcionarios de la seguridad del Estado, o a etarras, o a unos y otros confabulados con masones, dirigentes políticos e incluso espías extranjeros, hay quien atribuye, en formulaciones de profundidad solo aparente, haber orquestado los atentados de hace dieciocho años en Madrid que ocasionaron 192 muertos. Esas fabulaciones entroncan en lo esencial con las aparecidas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o del 13 de noviembre de 2015 en Francia. Específico del caso español es que la imputación del 11-M a ETA fue producto de una desinformación políticamente motivada. La verdad judicial y la académica refutan por completo estas elucubraciones conspirativas sobre los atentados de Madrid.

Los jueces de la Audiencia Nacional constataron que el 11-M fue preparado y ejecutado por «miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista». Los del Tribunal Supremo remarcaron su «dependencia ideológica» de Al Qaeda y supusieron que constituían «un grupo u organización terrorista diferente e independiente». La verdad académica, resultado de una investigación desarrollada en el Real Instituto Elcano y en la Universidad Rey Juan Carlos, pudo después corroborar que entre terroristas del 11-M y el mando central de Al Qaeda existió una conexión a través de Amer Azizi, destacado exmiembro de la célula con que esa organización yihadista contó en España desde 1994 hasta noviembre de 2001, cuando la mayoría de sus miembros, no todos, fueron detenidos en el curso de la ‘operación Dátil’.

Azizi no pudo ser detenido y decidió atentar en España como venganza. Su iniciativa fue respaldada por delegados de organizaciones yihadistas magrebíes reunidos en Estambul en febrero de 2002. Al mes siguiente, los subordinados de Azizi en Madrid que seguían en libertad empezaron a movilizar el primero de los tres componentes que formaron la red del 11-M. El Grupo Islámico Combatiente Marroquí añadió enseguida el segundo y unos delincuentes comunes radicalizados sumaron el tercero en julio de 2003, facilitando además la financiación de los atentados. Mientras, Azizi logró que el directorio de Al Qaeda los aprobase. En octubre de 2003, mes en que se fijó la fecha del 11-M, Osama bin Laden advirtió públicamente a España de lo que iba a ocurrir, justificándolo como represalia por la presencia militar española en Irak. Al Qaeda asumió el 11-M como «un ajuste de viejas cuentas con la cruzada España».

En lo fundamental, la verdad documentada judicial y académicamente sobre quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España queda resumida en los dos párrafos precedentes. Aunque haya algunos interrogantes sin resolver, es lo contrario a la mentira deliberada y lo opuesto a las creencias erróneas acerca de la matanza en los trenes de Cercanías.