Tras la desobediencia a la Justicia de más de la mitad de la corporación municipal de Badalona en el 12 de Octubre –rotura pública de la resolución del juez que prohibía abrir el Ayuntamiento incluida–, la amenaza de bloqueo se cierne sobre el Consistorio de la tercera ciudad más poblada de Cataluña, gobernada por un tripartito de izquierdas dependiente del apoyo externo del PSC. Los socialistas dan por roto el acuerdo de investidura con la alcaldesa Dolors Sabater, al haberse alineado la regidora con posiciones independentistas.
El malestar del PSC con el Gobierno municipal ya se venía manifestando en los últimos tiempos, pero los acontecimientos del miércoles lo han intensificado mucho. Seis de los 10 concejales del Ejecutivo abrieron las oficinas municipales durante el 12-O, ignorando la prohibición de un juez.
Los socialistas han amenazado con liderar una moción de censura y la han planteado a CiU y Ciutadans, pese a que los votos de las tres formaciones son insuficientes para propiciar un vuelco. La idea de desbancar a la alcaldesa tiene así muy remotos visos de materializarse, ya que la iniciativa necesitaría el apoyo del PP, el primer grupo municipal. Un respaldo con el que los socialistas no quieren contar, como manifestó ayer el jefe de filas del PSC en el Consistorio, Álex Pastor, que dejó claro que no se aliará con el PP para relegar al Ejecutivo de Guanyem (la coalición de CUP y Podemos), ERC e ICV-EUiA.
Lo que sí hizo Pastor fue urgir a los populares a facilitar la investidura de un nuevo alcalde sin moverse de la oposición. «No haremos ningún pacto con el PP, ni vamos a investir a Albiol o a otro concejal del PP», esgrimió Pastor, que traspasa así a los populares la responsabilidad de que Sabater continúe o no de alcaldesa: «El PP tiene que decidir si apoya un Gobierno alternativo en el que no estaría o apoya al Gobierno actual».
El PP cuenta con 10 concejales, el mayor número en el Consistorio y más del doble que el PSC. Cualquier tentativa para conformar un nuevo Gabinete pasa por las filas de Albiol, que ya ayer desdeñó la propuesta socialista calificándola de «circo», aunque valoró la posibilidad de conversar con el PSC.
Por otro lado, las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) mostraron unanimidad en rechazar que los concejales que abrieron las dependencias municipales rompieran frente a las cámaras una copia de la resolución judicial. Las entidades judiciales recuerdan que los ediles no están por encima de la ley por su cargo, ya que «es la garantía de su propia libertad y de su presencia en las instituciones, pero, al mismo tiempo, es límite de su representatividad y de su propio poder ejecutivo, como parte del sistema constitucional».
«La falta de respeto a la ley implica faltar el respeto a uno mismo», consideran los jueces, quienes remarcan que el desprecio público a las resoluciones judiciales «supone un serio ataque a la función de los tribunales de justicia y al papel que estos desempeñan en la convivencia pacífica».