El marianismo está jugando con los plazos de un ultimátum a cámara lenta. En la Moncloa cabe poca confianza en que Puigdemont admita por escrito que ha declarado la independencia. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría espera una contestación ambigua, una no-respuesta, lo que significa pasar a la siguiente casilla: la odiosa obligación de mover pieza. En este impasse se palpa un optimismo moderado, o más bien una suerte de esperanza autoinducida; el liderazgo explícito del Rey y la manifestación constitucionalista han generado un cierto rearme moral ante la situación adversa. Resultó significativo un detalle: en los tapizados salones se dejaban notar algunos de los principales protagonistas de la reciente estampida de empresas, el factor esencial que ha provocado en los separatistas un visible tembleque de piernas.

Pero el fervor patriótico de la calle no altera la cautela del Gabinete, al que el 155 le produce vértigo. En privado los ministros se declaran escocidos por el fracaso de la estrategia contra el referéndum, y temen que la suspensión de la autonomía acabe con miles de manifestantes rodeando el Parlamento. Es territorio político y jurídico desconocido, la clase de albur que más detesta este Gobierno. El lunes será un día determinante: expira el primer plazo del requerimiento a la Generalitat y declaran en la Audiencia los líderes de las plataformas independentistas y el mayor Trapero. En el ambiente judicial, y había magistrados en palacio, ronda el barrunto de que puedan salir del juzgado presos. Cuando los Reyes se marcharon, el resol del veroño envolvía las copas del Campo del Moro con una pátina de bruma dorada. Fuera aún había ciudadanos envueltos en sus banderas rojas y gualdas. Quizá nunca, ni tras el 23-F, se ha notado tanto sentido de la identidad nacional; una efusión de españolía inédita en esta democracia. Los que tienen que darle cauce y sentido pasaron entre la gente en coches negros con las lunas tintadas.