Editorial-El Español
La Puerta del Sol se ha convertido este martes en el escenario de una trifulca política de una escaramuza lamentable, que empañó una ceremonia institucional para honrar la memoria de los caídos en la Guerra de Independencia y para homenajear a los galardonados por la Comunidad de Madrid.
Ciertamente, Isabel Díaz Ayuso podría haber ahorrado a los madrileños y a los españoles este show si hubiera invitado a Félix Bolaños al acto del 2 de Mayo en primer lugar, tal y como era el deseo de este. Pero la presidenta madrileña ha preferido cobrarse la venganza un año después de que el ministro de la Presidencia opacara en 2022 este mismo evento, cuando adquirió protagonismo al sustituir a Pedro Sánchez.
Pero, de todos modos, la responsabilidad principal de lo ocurrido en el desfile cívico-militar le corresponde a Bolaños. Porque aunque ya había sido avisado de que no se le cursaría invitación (y de que, por lo tanto, no tendría un sitio protocolario en la tribuna de autoridades), el ministro quiso acudir de todos modos. Y lo hizo como «acompañante» de Margarita Robles, que es quien ostentó la representación del Gobierno de España.
Así es como debía haberse zanjado la cuestión. Al fin y al cabo, Ayuso sí aceptó reservar a Bolaños un lugar preferente en la zona de autoridades junto a Robles. También le saludó cordialmente y le agradeció su presencia en el discurso, que además fue bastante conciliador y neutral.
El error del ministro consistió en no aceptar su colocación a ras de tierra y en intentar colarse, apartando el cordón de seguridad, en la fila de los invitados a subir al palco de honor. Algo impropio de una persona habitualmente templada como él.
Haya sido o no un acierto político, lo cierto es que el protocolo y la legalidad respaldan a la presidenta madrileña.
No cabe invocar, como ha hecho el Gobierno para acusar a Ayuso de «politizar» el acto, el Real Decreto 2009/1973. Un decreto que regula el protocolo y la disposición de la representación institucional de este tipo de actos, y según el cual a Bolaños le hubiera correspondido un sitio en el palco de honor por su cargo de ministro.
Como Bolaños no fue invitado, sino que acudió por su propia voluntad, y sólo pudo hacerlo en calidad de acompañante de la ministra de Defensa, el protocolo no se aplica.
La estrategia, claramente, había sido diseñada desde Moncloa. Y el hecho de que Sánchez evitase referirse a la polémica en su mitin de ayer por la tarde, y que eludiese defender a Bolaños tras haberlo enviado a la guerra del 2 de mayo con Ayuso, prueba que es consciente de que dicha estrategia no ha salido nada bien.
Sí que se hizo eco el presidente, en cambio, de la falsa polémica de las «cenas clandestinas» de Alberto Núñez Feijóo con la asociación conservadora de fiscales. En realidad, un encuentro que no tiene nada de clandestino, pues la Asociación de Fiscales los convoca desde hace años de forma regular para reunirse con políticos de todas las formaciones, incluidos miembros del actual Gobierno.
Que Feijóo haya participado en una de esas cenas no tiene ninguna trascendencia, sino que forma parte de la cotidianidad de las relaciones públicas entre políticos, empresarios y periodistas.
Y sin embargo, Sánchez (que también se reunió con las principales asociaciones de fiscales cuando era jefe de la oposición) se ha servido de la puntualidad de la publicación de esta no-noticia en una de sus terminales mediáticas para acusar al líder popular de reunirse «a hurtadillas» con la Justicia para derogar en la sombra los avances sociales de este Gobierno.
Escandalizándose ante la legítima pretensión de algunos fiscales de reponer el statu quo anterior en materias como la sedición y la malversación, y ante el asentimiento de Feijóo a esta intención, Sánchez demuestra que tiene problemas para aceptar los límites a su iniciativa.
¿Acaso pretende el PSOE que sus leyes no puedan ser cambiadas por las urnas? ¿Quieren convertir el sanchismo en doctrina constitucional?
Así, la resistencia a que nadie retoque el legado de Sánchez y la rebelión de Bolaños a aceptar el protocolo del 2 de Mayo tienen un denominador común: una concepción del poder que cree estar por encima de las reglas y que no reconoce con deportividad los frenos a su discrecionalidad.