EL MUNDO 21/04/14
· La mitad de los españoles cree que Mas la convocará y el 70% que el Gobierno debe recurrir al TC
· Los votantes del PP piden firmeza a Rajoy
Los españoles se muestran en su mayoría partidarios de medidas contundentes si Artur Mas decide convocar la consulta soberanista en Cataluña incluso después de que la prohibiese el Tribunal Constitucional (TC). De hecho, son más quienes apoyarían que el Gobierno suspendiera en ese caso la autonomía de Cataluña que los que preferirían que no lo hiciera.
Ésta es la principal conclusión que se desprende de la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO que, además de las elecciones europeas, se ocupa del principal desafío que Rajoy tiene planteado y que afecta a la estructura territorial de España.
Un 46,4% de los encuestados cree que el Gobierno central debería suspender la autonomía de Cataluña si Mas llevase su desafío hasta el final y, pese a la oposición del TC, convocase la consulta soberanista el 9 de noviembre.
Frente a los partidarios de la suspensión del autogobierno catalán, un 37,6% de los entrevistados se opondría a esa medida, que la Constitución reserva para las comunidades que «no cumplan con las obligaciones que las leyes impongan» o actúen «de forma que atente gravemente al interés general de España». Sin embargo, quienes defienden esa dureza no se reparten homogéneamente según sus simpatías políticas, porque son mayoría entre quienes votaron al PP y a
UPyD, pero están en inferioridad entre quienes apoyaron a PSOE e IU.
Un 65,6% de los votantes populares son partidarios de llegar a cancelar la autonomía de Cataluña si Mas se empeña en que los ciudadanos se expresen sobre la independencia después de que, como es previsible, el TC haya anulado la ley de consultas que prepara el Parlament. Sólo un 22,4% de los simpatizantes del PP, menos de una cuarta parte, se opondría.
Cabe subrayar que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni ninguno de sus ministros han contemplado nunca en público la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña, una medida que no se ha aplicado a ninguna comunidad desde la Transición.
Los votantes socialistas, en cambio, no son partidarios en su mayoría de la aplicación de medidas drásticas. Aunque la diferencia no es tan clara como entre los simpatizantes del PP, sólo un 35,4% de ellos apoyaría la suspensión de la autonomía en caso de que Artur Mas desoyera al Constitucional, frente un 48,7% que sería partidario de buscar otra solución.
Entre los votantes de IU y de UPyD se reproduce el mismo esquema, respectivamente, que entre los de PSOE y PP, pero la decantación es aún más marcada. Sólo un 25,1% de quienes simpatizan con IU llegaría a ese extremo con Cataluña, frente a un 63,1% que lo evitaría.
Sin embargo, entre los partidarios de UPyD el porcentaje de favorables a la suspensión del autogobierno catalán alcanza el 69,8%, y sólo un 16% no lo ve claro. De hecho, la líder de ese partido, Rosa Díez, ha sido la única dirigente de primera línea que en alguna ocasión se ha expresado con claridad a favor de una solución de ese tenor al problema catalán y ha hablado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Los encuestados –Sigma Dos hizo 1.000 entrevistas en toda España entre los días 10 y 15 de abril– que no se inclinaron por ninguno de esos cuatro partidos están casi igualados en cuanto a sus preferencias con respecto a una eventual suspensión de la autonomía. Un 40,8% de esos votantes, entre los que están los de los partidos nacionalistas pero también los de otros, sería contrario a esa medida, mientras que otro 40% se manifiesta de manera favorable.
Por edades, sólo los más jóvenes entre los encuestados –la franja que va desde los 18 a los 29 años– se inclinan por que no se paralice el autogobierno catalán incluso en un caso extremo, y la diferencia entre ambos bloques es de apenas unas décimas: un 45,3% lo aprobaría y un 45,8% se opondría. En el resto de franjas, la victoria de la opción más contundente se visualiza de forma muy nítida.
Lo que sí parece claro es que cada vez más españoles creen que CiU, apoyada por ERC, está dispuesta esta vez a llevar hasta el final su desafío. La mitad exacta de los sondeados, un 50%, opina que Mas convocará el referéndum a pesar del contundente rechazo del Congreso –un 86% de la Cámara votó en contra el 8 de abril– a transferir a Cataluña la competencia constitucional para hacerlo.
En todos los partidos son más quienes creen que el president de la Generalitat mantendrá su apuesta que los que piensan que el no del Congreso será suficiente para frenarla, que en total suman un 35,8%. Llama la atención la seguridad de los votantes de izquierda: entre los del PSOE un 53,5% afirma que Mas no se echará atrás, mientras que ese porcentaje se queda en el 53,3% entre los de IU.
Más claro todavía tienen los encuestados qué debería hacer el Gobierno cuando, como está previsto, el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas que está preparando, y mediante la cual Mas intenta dar cobertura a la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre.
Según se desprende de la encuesta, casi tres de cada cuatro españoles (el 70,3%) cree que el Gobierno español debería recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional para impedir la consulta. Ese punto de vista congrega a una mayoría aplastante de los votantes del PP (un 90,3%), pero también del PSOE (un 75,7%) y de UPyD (un 88,9%). Incluso entre los partidarios de IU es mayoritario: un 54,3% cree que Rajoy haría bien en apelar al TC.
Por contra, sólo un 19,2% de los entrevistados piensa que el Ejecutivo debería permitir que la Generalitat llevara a cabo el referéndum sin recurrir la ley de consultas. Entre los votantes de los grandes partidos, sólo un 4,3% de los del PP y un 15,7% de los del PSOE creen que ése sería el camino correcto.
El president Mas ya ha dejado entrever que su intención es convocar la consulta –al menos formalmente– en virtud de esa ley inmediatamente después de su aprobación, sin dar tiempo al Gobierno a que la recurra ante el TC. Así cumpliría su promesa de «firmar el decreto de convocatoria», aunque no ha especificado qué hará si, como parece inevitable, el Alto Tribunal la deja posteriormente en suspenso.