Homs declaró en el Supremo en calidad de aforado por ser diputado del Congreso, pero era conseller de Presidencia de la Generalitat cuando tuvo lugar el simulacro de referéndum del 9-N. En línea con el resto de investigados –el ex presidente catalán Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera de Educación Irene Rigau–, aseguró que se les juzga por poner las urnas en la calle. Tal afirmación es tan simple como falsa. De lo que de verdad deben responder ante el juez tanto Homs como Mas es de desobedecer al Tribunal Constitucional, que explícitamente instó al Govern a impedir la celebración de la consulta soberanista. Resulta inadmisible, por tanto, la irresponsable actitud de Mas y su subalterno político presentando como un ataque a la democracia lo que no es más que un proceso judicial contra unos dirigentes políticos que se saltaron la legalidad de forma flagrante. Desde el 9-N, el nacionalismo catalán arguye la exigencia de dar respuesta a los anhelos del «pueblo catalán», cuya voluntad está expresada en el Parlament, frente a las sentencias de los tribunales españoles. Se trata de un axioma mendaz. Primero porque ninguna asamblea autonómica puede situarse al margen de la ley, de la misma manera que resulta inconcebible que el parlamento de un länder alemán infrinja el orden constitucional federal de este país. Y, segundo, porque el Parlamento catalán, igual que el resto de cámaras regionales, no dispone de una soberanía ilimitada sino que debe someterse al ordenamiento jurídico vigente porque es precisamente de donde emana.
Así, por mucho que los líderes del actual Partit Demòcrata Català se atrincheren en una retórica pueril, lo que ya resulta evidente es que las formaciones independentistas enmascararon como un proceso de participación ciudadana lo que devino en una farsa de referéndum de autodeterminación. Esto no es defender la democracia, tal como sostiene Mas. Esto es vulnerar la ley para anteponer los intereses partidistas, lo que constituye un delito muy grave en un responsable político.
El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cerró el sumario de la causa del 9-N dejando a Mas, Ortega y Rigau a un paso del banquillo, ante los indicios de que cometieron desobediencia al permitir la votación. El ex presidente catalán recibió personalmente la orden por la que el TC suspendía el 9-N. En consecuencia, fue él quien decidió dar cobertura a una consulta incompatible con la Constitución. El magistrado consideró que de forma «intencional y consciente» tanto Mas como sus consellers se negaron a cumplir el mandato del TC, tumbando así el argumento empleado por éstos a la hora de descargar toda la responsabilidad sobre los voluntarios que promovieron la votación.
En su auto, el juez subrayó que Mas, Ortega y Rigau adoptaron las resoluciones «decisorias y necesarias» para llevar a cabo la consulta. Pese a ello, libró a Mas de la acusación del delito de malversación de caudales públicos, lo que le permitiría eludir la cárcel en una eventual condena. La declaración de Homs era clave en este punto. Porque, además de estar incriminado por la carta en la que acordó que las empresas contratadas para la logística del 9-N siguieran trabajando tras la prohibición del TC, el ex conseller de Presidencia debía detallar su responsabilidad en la contratación de un pabellón para las comparecencias de prensa del día de la consulta. Su respuesta fue atacar al fiscal y no ofrecer ninguna explicación sobre las evidencias que apuntan a que la Generalitat dispuso fondos públicos para el material necesario, desde los ordenadores a las papeletas. Que Homs convirtiera su declaración de ayer en un mitin proseparatista, además de una burla al tribunal, es la enésima constatación de la deriva política del antaño nacionalismo moderado catalán.