ABC-IGNACIO CAMACHO
Si el Rey no recibe una propuesta de investidura con suficiente respaldo tendrá que abstenerse de formular otro encargo
VISTO desde la perspectiva de cuatro décadas, el principal error de los padres constituyentes no fue la imprevisión sino una cierta ingenuidad: redactaron un texto pensado para funcionar desde la premisa entonces compartida de la lealtad de Estado. Un principio que los nacionalistas no tardaron en violar para encontrarle las vueltas al Título Octavo. La mayoría de las costuras que le han saltado a la Carta Magna se han desgarrado por abuso o ruptura de esa mutua confianza que existió en el tiempo fundacional de la democracia. Ahora es el artículo 99, el de la elección presidencial –que por afectar a los limitados poderes de la Corona requiere una especial atención a su observancia–, el que está sometido a la tensión de una crisis política enquistada. Durante el bipartidismo imperfecto se aplicó con eficacia rutinaria pero no estaba pensado para que los agentes institucionales lo convirtiesen en burladero de sus trampas y en vez de preservar el papel neutral del monarca traten de utilizarlo en su propia ventaja.
Durante las próximas semanas, Felipe VI va a recibir presiones de la izquierda no socialista –la misma que gusta de bromear con la intención de guillotinarlo– para que proponga de nuevo un candidato. No tiene ninguna obligación si nadie le ofrece un acuerdo cerrado que garantice una investidura en términos matemáticos. Entre las funciones de la Jefatura del Estado está la de velar por que las instituciones, expresión jurídica y funcional del poder soberano, queden en lo posible a salvo del desgaste del juego partidario. Otro intento fallido erosionaría el prestigio de la política con un triste espectáculo: las Cortes no son un teatro que convenga usar de escenario para que los partidos desarrollen su manida estrategia de «relatos». El Rey puede, y lo hará, convocar otra ronda de consultas entre los grupos parlamentarios, pero si no recibe una postulación avalada con suficiente respaldo tendrá que abstenerse de formular un encargo y limitarse a dejar correr los plazos. Se está moviendo en los estrictos márgenes constitucionales y de ningún modo será suya la responsabilidad del fracaso.
Pero Podemos quiere apremiar a Sánchez a través de la Zarzuela. Forzar una interpretación a su conveniencia del Artículo 99.4 («se tramitarán sucesivas propuestas») para que el presidente se vea obligado a concretar otra oferta. Es dudoso, sin embargo, que aunque el Rey consintiera disponga del poder de iniciativa que sí tiene, por ejemplo, el de Bélgica. En España son los partidos, sus líderes, los que han de articular con carácter previo los pactos; el tiempo en que Don Juan Carlos borboneaba ha pasado y la ingeniería política es más bien propia del régimen republicano. El modelo del 78 estableció una Monarquía de atribuciones simbólicas y cometidos muy acotados, y los políticos no tienen derecho a pedirle que los suplante en su trabajo.