«Hoy se ha ganado la batalla, pero hay que ganar la guerra», comentaba Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), al término del juicio en el que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo revisó ayer en apelación el caso de la etarra Inés del Río contra España, por la aplicación de la doctrina Parot en el cumplimiento de las penas.

Pedraza había acudido al Palais des Droits Humains «muy negativa y sin ninguna esperanza», pero la argumentación de los abogados del Estado, «clara, valiente y muy humana», le hizo recobrar la fe. «Las víctimas del terrorismo se merecen un respeto y cada vez estoy más convencida de que los jueces del alto tribunal escucharán a la ciudadanía española, que pide justicia».

Diecisiete magistrados de variadas nacionalidades tendrán que tomar una decisión que afecta gravemente al sistema penitenciario español. Y es que, como señaló al final de su intervención el letrado Francisco Sanz Gandasegui, la derogación de la doctrina «pondría en la calle a 54 terroristas de ETA, siete del Grapo, uno de los GAL y 14 presos comunes, entre los que hay delincuentes muy peligrosos castigados por violaciones y asesinatos».

La primera en quedar libre sería la demandante, Inés del Río Prada, condenada a 3.000 años de reclusión en ocho procesos distintos por 24 asesinatos y otros 108 intentos de homicidio cometidos entre 1982 y 1987. Del Río recurrió la doctrina Parot ante el TEDH en agosto de 2009, viendo que la aplicación de la misma retrasaba su puesta en libertad de 2008 a 2017. Junto con ella, saldrían de la cárcel varios etarras de historial sangriento y otros criminales.

«Esto supondría una falta de seguridad para todos los españoles y un agravio tremendo para las víctimas del terrorismo, que hoy venimos a apelar a la justicia para que los verdugos de nuestros familiares cumplan íntegra la máxima pena», señaló Pedraza, que había acudido a Estrasburgo acompañada de Mari Mar Blanco (Fundación Víctimas del Terrorismo) y de Daniel Portero (Dignidad y Justicia), para pedir a los jueces que apliquen su propia jurisprudencia y respeten la independencia de la Justicia española, como ya ocurrió en otros sumarios anteriores.

«La justicia criminal es competencia de cada Estado», dijo entonces el TEDH. Pero la Sala Tercera de este tribunal no debió de tener en cuenta estos precedentes cuando, en julio de 2012, contra todo pronóstico, dio la razón a Del Río al considerar que la doctrina Parot violaba los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y «vaciaba de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973».

Ayer, los abogados del Estado defendieron de forma contundente la doctrina Parot ante los magistrados. «¿Ha decidido el tribunal convertirse en juez de cómo los Estados aplican los beneficios carcelarios?», preguntó directamente el letrado Isaac Salama en su intervención, para señalar a continuación: «¿Acaso es igual un asesinato que 132 asesinatos?».

Salama dejó claro que, en el caso de Inés del Río, su condena «no se ha prolongado ni un solo día», ni tampoco «el límite» de cumplimiento de la pena, de un máximo de 30 años. Así, recordó que si España hubiera aplicado de forma retroactiva la doctrina Parot a la etarra, ésta habría tenido que cumplir el «máximo de 40 años» de pena que fija el actual Código Penal. Y defendió con ahínco la sentencia del Tribunal Supremo que estableció la doctrina, porque, insistió, «no podía darse el mismo tratamiento penitenciario» a quien comete un asesinato que a quien, como Del Río, materializa múltiples.

Enfrente, los carísimos abogados británicos contratados por Sortu afirmaban en cambio que a su defendida se le había ampliado retroactivamente la condena. En ese sentido, el letrado de la etarra Sudhanshu Swaroop pidió a los magistrados que pusieran por encima de todo «los derechos del individuo». «Toda privacidad de libertad tiene que ir conforme a la normativa europea, que es la máxima garantía de protección contra la arbitrariedad», insistió. Otro de los representantes de la terrorista, Mark Muller, adujo que «si la doctrina Parot no se revoca, se darán otras manipulaciones judiciales».

En este punto, el abogado del Estado rechazó una vez más que se haya ampliado la pena a Del Río y recordó que un auto firme de la Audiencia Nacional de 2001 «fijó con exactitud» la fecha de su libertad para el 27 de junio de 2017. Un auto que la etarra no recurrió, algo que habría hecho «si hubiera tenido expectativas» de salir antes de prisión.

Las víctimas llegaron el lunes con 10.000 firmas y los ‘abertzales’ llevan días de campaña.

En su esfuerzo por convencer a los magistrados de Estrasburgo, los líderes de las asociaciones de víctimas llegaron el lunes con 10.000 firmas de ciudadanos españoles que fueron recogidas en apenas 48 horas. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, pudo entregar el documento al presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, y señaló que la campaña continuará hasta que los jueces tomen su decisión. «Se trata de que el tribunal escuche a las víctimas. Ya está bien de que aquí hayan venido muchas veces los terroristas a vender su imagen», se indignaba Pedraza.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, envió por su parte una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en la que le transmite su «preocupación» por si el tribunal emite de nuevo un fallo adverso. «Es necesario reconciliar la interpretación de los derechos humanos con el profundo anhelo de justicia de la mayoría los españoles», indicaba en la misiva.

Del otro lado, grupos independentistas vascos llevan días en la capital alsaciana, organizando seminarios y reuniéndose con periodistas extranjeros y eurodiputados para transmitir que «si la doctrina Parot no se deroga, el proceso de paz en el País Vasco se verá afectado». «Europa no puede mantener esta política penitenciaria que vulnera los derechos humanos y aleja la solución del conflicto», declaró Beñat Zarrabeitia (Herrira). Otros líderes abertzales presentes en el Palais como Xabier Mikel Errekondo y Jon Iñarritu (Amaiur) o Rafael Larreina (EA) no quisieron hablar con la prensa española. Y Óskar Matute (EH Bildu) se limitó a sugerir que el Gobierno de Madrid «interpreta la justicia como una extensión de su política bélica».

En este contexto, los 17 jueces de la Gran Sala del tribunal pueden tardar bastante en emitir una sentencia, que no se conocerá «en ningún caso antes del verano», según explicaron fuentes del Palais des Droits Humains. Los dictámenes en casos tan complicados suelen demorarse entre seis meses y un año, y se exige una mayoría de nueve magistrados para que un veredicto sea válido.

Entre los miembros del tribunal figura el español Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional y ex número dos de Justicia en tiempos de Zapatero, que ya estuvo en la Sala Tercera que dictó por unanimidad el fallo contra España en julio de 2012.

EL MUNDO 21/03/13