Cada vez es menos probable que Carles Puigdemont convoque el referéndum de independencia de Cataluña en septiembre. Y no es porque vaya a ceder a las presiones y vaya a desistir de su proyecto, sino porque los soberanistas están cerca de adelantar la fecha del desafío al Estado, que probablemente tendrá lugar antes del verano.
El proceso soberanista ha entrado en la «última fase», tal y como proclaman sus impulsores. Lo ha hecho después de que la CUP decidiera el sábado apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2017. Después de superar esa prueba, el president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, los antisistema y las organizaciones ciudadanas que los apoyan planifican la estrategia para plantear el reto en el momento más propicio para sus intereses.
De hecho, en las negociaciones de los Presupuestos ya se habló mucho de esa planificación. Fuentes presentes en esas conversaciones afirman que tanto la CUP como Puigdemont ven con buenos ojos la posibilidad de adelantar el referéndum, probablemente al mes de junio.
El pretexto para ese cambio sería la «intensificación de la persecución judicial» a líderes independentistas, en palabras de las mismas fuentes. Y, más concretamente, una eventual inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya declaró como investigada ante el Tribunal Superior catalán por delitos de desobediencia y prevaricación. Sin embargo, los motivos por los cuales han llegado a esa conclusión son diferentes para cada partido.
Hay que partir de la base de que todos son conscientes de que el veto del Estado hará muy difícil que se celebre el referéndum y de que es probable que acaben convocándose en su lugar unas elecciones al Parlament. El PDeCAT –la antigua Convergència–, el partido del presidente de la Generalitat, afrontaría esas elecciones debilitado en las encuestas y con Puigdemont eliminado como posible candidato por decisión propia.
En la formación confían en que el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por organizar la consulta soberanista del 9-N, que empieza el 6 de febrero, contribuya a aumentar el apoyo ciudadano hacia sus siglas. Puigdemont ya habló el sábado de convertir el inicio de la vista en una gran manifestación de apoyo e incluso la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha dicho que está a favor de que los funcionarios falten ese día al trabajo para «estar al lado» del ex president.
Ayer, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, cercano a los neoconvergentes, aseguró que ya hay 15.000 personas inscritas para participar en la manifestación. Además, la organización cifra en 63 los autocares que se desplazarán el día del juicio a Barcelona desde municipios de toda Cataluña para dar apoyo a Mas.
Conscientes de que ERC les saca ventaja en todas las encuestas, sectores del PDeCAT estarían a favor de aprovechar esas maniobras para movilizar a sus bases. Jordi Turull, dirigente del PDeCAT y presidente de Junts pel Sí en el Parlament, dijo ayer: «Cuanto antes podamos hacer el referéndum, mejor. Tenemos un acuerdo con la CUP que dice máximo en septiembre, pero si España sigue en esta línea de ir a una justicia politizada, tomaremos las decisiones oportunas».
La CUP es quizás la más interesada en adelantar el referéndum. Parte de su militancia ha acogido con gran malestar el sí a los Presupuestos y los antisistema ya han dicho que ese apoyo es «condicional». Cuanto menos tiempo tenga que cargar con la losa de unas cuentas cuya parte social rechazan, menos tendrá que lidiar con sus «contradicciones internas», como admite un dirigente de la formación.
Se supone que ERC es el partido que tiene menos que ganar con un adelanto del referéndum, pero el estallido del caso Santi Vidal puede hacer que se replantee su posición. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, admitió ayer que «en función de la beligerancia del Estado» ante el proceso soberanista y en el caso de que Forcadell sea inhabilitada «podría ser» que el Govern adelante la convocatoria de la consulta. «Tendremos que reaccionar si se genera este escenario», dijo.
Colau apoya «más que nunca» la consulta
Su proyecto para alcanzar la Generalitat priorizará acabar con «los recortes criminales» del Govern
Ada Colau situó ayer la defensa del referéndum por la independencia de Cataluña entre las prioridades del movimiento que auspicia para alcanzar la Generalitat. La alcaldesa de Barcelona aprovechó la puesta de largo del proyecto de los comunes para asegurar que «siempre» han defendido la celebración de la consulta: «Ahora más que nunca».
Colau evitó pronunciarse sobre si la consulta debe ser unilateral o pactada con el Estado. Pero durante el acto de ayer en el barrio de Sants envió un mensaje a los partidos soberanistas que la critican por no apoyar abiertamente la vía unilateral y abogar por el acuerdo con el Gobierno. «Hemos defendido siempre y ahora más que nunca el referéndum. No como otros que han pasado pantallas y no saben dónde están», señaló.
Fueron las únicas menciones de Colau a la cuestión independentista durante un acto bautizado Un País en Comú que sirvió para dar luz verde a un proyecto que aspira a asimilar a todas las fuerzas de izquierdas. Según lo definió la alcaldesa, los objetivos del nuevo partido –aún sin nombre– deben «pasar por delante de las siglas» y permitir que sea una formación «lo más amplia posible».
En unas Cotxeres de Sants repletas –decenas de personas siguieron el acto a través de pantallas en el exterior–, Colau sí señaló como «urgencias» de resolver en Cataluña «los recortes criminales» de los que culpó al Govern. También lanzó un dardo contra la CUP –con quien previsiblemente se disputará el voto de izquierdas–, a quien afeó que el sábado decidiera apoyar los Presupuestos del Govern de Junts pel Sí y ceder en su exigencia de un incremento fiscal para las rentas más altas. «Que paguen más los ricos es una cuestión de voluntad política y no puede esperar», manifestó.
El líder de En Comú Podem y llamado a ser uno de los principales rostros de la nueva formación, Xavier Domènech, también centró su intervención contra los recortes. «No podemos esperar», dijo. También llamó a «acabar de una vez con la hegemonía convergente de este país» y reivindicó el nuevo proyecto como «el único espacio político en disposición de hacer un diálogo real con todo el mundo para construir un país para la gente».
El acto de ayer sirvió para iniciar el «proceso participativo» para decidir cómo debe ser el nuevo partido de izquierdas catalán que aspira a presentarse en unas elecciones que, con el debate sobre el referéndum, se desconoce cuándo se celebrarán.
