Rubén Amón-El Confidencial

La extemporánea e inaceptable guerra a la república digital no impide al presidente hacer el amor con los saboteadores de la república analógica y “verdadera”

La concepción profanadora y autoritaria con que los líderes catalanes conciben el aparato institucional no justifica los desórdenes miméticos del Gobierno central. Es la razón por la que preocupa la iniciativa de la mordaza digital. Y no porque pretenda acordonarse la impunidad con que opera el activismo soberanista en las redes y paraísos interactivos, sino porque el Ejecutivo apela a la seguridad nacional y al orden público para atribuirse la censura y el apagón.

Hubiera sido preferible que esta clase de restricciones dependieran del criterio judicial en el contexto aseado de la separación de poderes. Y hubiera sido deseable que la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones no comprometiera la escrupulosidad democrática, coartando incluso la privacidad de los ciudadanos y las garantías de la libertad de expresión.

El llamado “155 digital” tanto preocupa en su raíz conceptual como lo hace porque la iniciativa consiente al Gobierno aprobar una norma con rango de ley sin autorización parlamentaria.

Se trata de un decretazo que ha obtenido el apoyo de los partidos constitucionalistas, aunque tiene muy poco de constitucional -ya veremos hasta dónde prosperan los recursos- el extemporáneo asedio a la república digital. Extemporáneo porque sorprende a Sánchez en plenas negociaciones con Esquerra Republicana. Y porque las medidas de censura formaban parte del discurso españolista cuando al PSOE le convenía capturar el voto mesetario deteriorando la reputación independentismo. Se ha visto Carmen Calvo secuestrada en otra pantalla del juego, envuelta en un salto temporal. Y ha tenido que matizarse embarazosamente que el 155 digital no concierne directamente a Cataluña. Representa un instrumento general para defendernos de los ciberataques y de la propaganda antisistema que provienen de territorios de ultramar.

Es muy discutible que la forma de proteger una democracia consista en vulnerarla desde el Estado mismo. Todas las sociedades abiertas y libres están expuestas al debate de la seguridad y de la libertad, pero no deberían cuestionarse las garantías elementales, menos aún cuando Sánchez las amenazó desde un propósito meramente electoralista.

Las medidas de censura formaban parte del discurso españolista cuando al PSOE le convenía capturar el voto mesetario

La guerra a la república digital catalana pretendió ser un revulsivo en las urnas, un golpe de efecto, pero la provisionalidad de los tiempos y la amnesia general lo han transformado en un obstáculo a las negociaciones con Podemos y ERC. Iglesias se puso de perfil en la votación del pasado miércoles, mientras que Esquerra manifestó su discrepancia categórica.

Es el motivo por el que los negociadores del PSOE han tenido que concederse al deshielo y la condescendencia. Un ejercicio de cinismo subordinado a la oportunidad, pero contrariado en la incongruencia de la estrategia de supervivencia socialista. Sánchez saca adelante el proyecto orwelliano de la ciberseguridad amparado en los partidos de los que ha renegado (CS y PP). Consumada la anomalía y recuperado el disfraz plurinacional, el presidente en funciones terminales regresa a la mesa de negociaciones para amarrar la fórmula populista-soberanista.

El problema aquí no es la república digital catalana. Es la república analógica catalana. La real, la específica, la concreta. Pedro Sánchez quiere poner límites al océano de internet, pero condesciende con las reclamaciones y expectativas de la Medusa soberanista.

Lo prueban las negociaciones del jueves. ERC se jactaba de mantener el rechazo a Sánchez. Y fingía un distanciamiento que se irá disipando a medida que trasciendan las concesiones. Pasaremos del “no” al “por qué no”. Y del “por qué no” al “adelante”. El PSOE ya ha aceptado el marco mental y conceptual del “conflicto”. E irá adaptándose con mansedumbre a las reclamaciones de Esquerra porque el objetivo absoluto consiste en la investidura. Puede que no sea en diciembre, pero terminará produciéndose en 2020 con la parsimonia de un reloj de arena.

Sánchez es Marte con la república digital y es Venus con la república “genuina”. Se trata de hacerle la guerra a Internet y de hacerle el amor a los saboteadores del Estado. De hecho, uno de ellos, Fray Junqueras, organiza la dramaturgia concupiscente desde prisión. Y degrada las obligaciones de Sánchez como estadista en una deriva temeraria que amenaza la decencia y la Constitución. No hay problema más grave para un Estado que su integridad territorial. Ni peligro más grave que un presidente del Gobierno dispuesto a cuestionarla.