Este acuerdo es la primera materialización del acuerdo de investidura de Salvador Illa, entre el PSC y ERC de 29 de julio de 2024, cuyo punto fundamental es el «establecimiento de un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal de Cataluña».

Sin embargo, no es lo mismo un acuerdo entre dos partidos políticos PSC y ERC, que ya es muy preocupante, como un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad.

En ese acuerdo, lo primero es que se pretende una financiación singular (léase distinta y privilegiada) para una Comunidad Autónoma, la catalana.

Y que el Estado asuma que una Comunidad tiene derecho a una financiación privilegiada y a cobrar todos los impuestos, aunque el intento quede en nada, deslegitima el sistema de financiación autonómico. Y, por extensión, el sistema fiscal, la autonomía de las demás Comunidades Autónomas y el Estado de las Autonomías.

En física, una singularidad es un punto del espacio-tiempo donde las leyes que rigen el universo conocido dejan de aplicarse. El caso más conocido de singularidad son los agujeros negros, en los que el colapso gravitatorio hace que ni siquiera la luz pueda escapar.

Pues bien, la singularidad en la financiación autonómica de Cataluña pretende que las leyes vigentes, empezando por la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y siguiendo por el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, dejen de aplicarse allí.

Lo cual puede originar un colapso, en primer lugar, de recaudación de impuestos, y a medio y largo plazo, institucional y de modelo de Estado. Y por supuesto, como en todo agujero negro, en medio de la opacidad absoluta, una confusión completa que hace que no se entienda nada.

Pongamos algo de luz empezando a llamar a las cosas por su nombre.

La denominada «financiación singular» es un concierto económico (cupo) a la vasco-navarra. Según este sistema, que sólo existe en dos sitios en el mundo, el País Vasco y Navarra, la Comunidad Autónoma, directamente o a través de las Diputaciones en el caso vasco, recauda la práctica totalidad de los impuestos en el territorio, para luego negociar un cupo (denominado aportación en Navarra) como contribución de su parte en los gastos del Estado.

Por lo tanto, los dos elementos fundamentales de un cupo son el control de la recaudación, las llaves de la caja en la jerga independentista, y el aumento de la capacidad (y autonomía) financiera.

Este segundo elemento se deriva de que la recaudación de impuestos en una comunidad rica es superior a una comunidad pobre. Por lo tanto, si la recaudación de impuestos se queda allí, aumenta la capacidad de gasto de la correspondiente autonomía.

«La recaudación de impuestos en una comunidad rica es superior a una comunidad pobre. Si la recaudación se queda allí, aumenta la capacidad de gasto de esa autonomía»

Esto se deriva de que el sistema fiscal es progresivo, paga más quién más tiene. Por eso, en las comunidades donde hay más riqueza se recauda más. Si el dinero se queda allí no sólo terminamos con la solidaridad interterritorial, sino también, de paso le asestamos un duro golpe a la progresividad del sistema fiscal en su conjunto.

El primer problema es que traspasar las llaves de la caja no es fácil, sino muy costoso. Por eso, el acuerdo Estado-Generalidad del 14 de julio asume el objetivo de traspasar la gestión y recaudación del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña, y a largo plazo el resto de los impuestos, pero no es capaz de ir mucho más allá.

Sobre esto, hay que aclarar varias cosas.

La primera es que el IRPF no es un impuesto más, sino el impuesto más importante del sistema, ya que supone un 46% de la recaudación. Y tiene (datos de 2023) casi 24 millones de declarantes, más de 4 millones de ellos en Cataluña.

Gestionar el IRPF es muchísimo más complicado que colaborar en la confección de algunas declaraciones, o que abrir una cuenta en el Banco de España para que te ingresen el dinero.

La Agencia Tributaria de Cataluña no tiene capacidad ni medios informáticos, ni tampoco personal cualificado suficiente para gestionar el IRPF. Por eso, cuando se pretende el traspaso de la gestión del IRPF, enmascarado en la asunción de competencias, lo que se está haciendo es iniciar la fragmentación de la Agencia Tributaria, mediante una OPA hostil, de momento parcial, a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña.

Pero para poder realizar un cambio de este calado en una obligación que se exige porque lo impone la ley, los impuestos, lo primero es que resulta imprescindible modificar todo el sistema legal de los impuestos, empezando por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de cesión de Tributos.

Hasta que no se implantasen estos cambios legales, la financiación singular no deja ser un proyecto frontalmente contrario a las leyes vigentes. Fragmentar la Agencia Tributaria es un absoluto disparate porque aumentaría los costes de recaudación porque se perderían economías de escala y se multiplicarían las duplicidades.

Además, como la materia prima del sistema fiscal es la información, y las bases de datos con las que se gestiona, inevitablemente se fragmentarían, el fraude fiscal se dispararía. Como sería mucho más complicado seguir el rastro del dinero, también sería muy negativo para la lucha contra la corrupción.

«El establecimiento de privilegios económicos basados en singularidades recogidas en los Estatutos de autonomía es inconstitucional: la Constitución los prohíbe expresamente»

Por último, dar las llaves de la caja, incluso de la mitad de la caja, el IRPF, a una Administración como la de la Generalidad que demostró, en 2017, una lealtad institucional más que discutible, es una pésima idea.

Eso sí, fragmentar la Agencia Tributaria no es inconstitucional. Lo que sí es inconstitucional es el establecimiento de privilegios económicos o sociales basados en singularidades recogidas en los Estatutos de Autonomía, ya que el artículo 138.2 de la Constitución los prohíbe expresamente.

En mi opinión, que probablemente no coincida con la de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, tampoco se puede limitar la solidaridad interterritorial, que es otro mandato constitucional, mediante el criterio de la ordinalidad (ni mediante ningún otro principio o criterio que uno se quiera inventar).

En nuestro libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los libros, 2025), Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía de la Universidad de Pensilvania, y yo consideramos que la ordinalidad es la peor idea de las muchísimas malas ideas del acuerdo entre el PSC y ERC de julio del año pasado.

En los términos en los que la ordinalidad está en el acuerdo, Cataluña debe recibir en función de lo que aporta, lo que debe limitar su cuota de solidaridad. Ni Cataluña, ni ninguna otra comunidad, aporta nada, lo hacen sus ciudadanos y empresas.

Por ese motivo, nadie en su sano juicio admitiría que un millonario que paga más impuestos que usted tenga que recibir más y mejores servicios públicos, y que, por ejemplo, tuviese prioridad para utilizar carreteras u hospitales.

Increíblemente, esto ya está en vigor en el reparto de la recaudación del impuesto bancario cedido, fuera del sistema de financiación a las CCAA. El resultado es que, por ejemplo, Madrid recibirá un 32% de dinero más que Andalucía, con un 25% menos de población, menos necesidades de financiación y una renta per cápita media mucho más elevada.

Ya veremos lo que ocurre con las proposiciones de ley que ERC, probablemente Junts y quizás el PSOE planteen para hacer efectiva esta «financiación singular».

Pero, tras el acuerdo político entre PSC y ERC, el acuerdo entre Generalidad y Estado es otro paso más, aunque sea más corto de lo que les hubiese gustado a los independentistas catalanes, para acercarnos al abismo.

Eso sí, el gobierno de Sánchez y María Jesús Montero debería dejar de acercarse al agujero negro de la singularidad, más y mejor conocido como cupo catalán, porque en algún momento nos atrapará a todos.

Igual no es irreversible, pero salir de allí requerirá del poder de la fuerza, que ya veremos si otro gobierno tiene.

*** Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y coautor del libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía.