El ‘álbum de familia’ de los jefes de ETA: la lista policial con los 50 dirigentes desde 1977

Corría el año 2014 cuando la Audiencia Nacional le pidió a la Policía un informe sobre todos los comités de dirección que había tenido ETA a lo largo de su historia. Para entonces, la banda llevaba cinco años sin matar a nadie en un atentado planificado y hacía tres que había declarado el cese definitivo de la violencia. Por primera vez en medio siglo, los investigadores tenían más tiempo para dedicarse a resolver casos y juntar documentación que a tratar de evitar muertos. El resultado de su trabajo fue un listado con 50 nombres de jefes de etarras que se repartían a lo largo de diversas cúpulas desde 1977. 

«Han tenido un alto nivel de capacidad decisoria, tanto en la determinación de la estrategia general como, seguramente, en la aprobación y ejecución de tácticas y actuaciones», dice el documento elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Casi una década después, este ‘álbum familiar’ etarra cobra vigencia en un momento en el que varios jueces de la Audiencia Nacional han reabierto investigaciones de atentados con el fin de hallar responsabilidades entre los que mandaban en la banda en cada momento. Saber quién dio la orden.

Años 70

De ‘Antxon’ a ‘Txeroki’ o ‘Josu Ternera’, de ‘Mikel Antza’ a ‘Thierry’. Son 46 varones y cuatro mujeres, varios de ellos están muertos. Los etarras más sanguinarios, los nombres de los terroristas que durante años se repitieron en los informativos hasta formar parte de la trágica memoria colectiva de todo un país, aparecen en esa lista a la que ha tenido acceso El Confidencial y que reproduce en su integridad en esta información. Los agentes de la Policía acompañaron la relación de nombres con algunas observaciones: estaba basada en las declaraciones de otros militantes detenidos, documentos internos de ETA, sentencias condenatorias «y otras informaciones oportunas».

Dicho de otro modo, los expertos antiterroristas admitían la dificultad de «hacer una relación exacta de la composición de las distintas cúpulas de ETA». El hermetismo de la banda terrorista apenas dejó evidencias de quiénes y por qué ascendían a su dirección. Este ha sido uno de los obstáculos históricos con los que se han topado anteriores intentos de condenar a los jefes etarras por los atentados concretos de sus comandos. De hecho, en la relación hay alguna ausencia significativa como la David Pla, el último jefe de ETA, si bien su mandato corresponde a una fase sin asesinatos de la banda. De hecho, no tiene cuentas pendientes con la Justicia pese a haber dirigido la organización.

Años 80

«La inclusión de ciertos nombres en dicha relación no significa necesariamente, respecto de algunos etarras, que esté demostrada su pertenencia al comité ejecutivo, sobre todo porque se dispone de muy escasa documentación interna que así lo refleje», avisaban. En una organización tan acostumbrada a plasmar sus reflexiones por escrito, apenas dejaron información sobre cuáles eran los criterios para pasar de un escalón intermedio a los puestos de dirección cuando había que cubrir algún hueco tras una muerte o un arresto.

La nómina de casos reabiertos ha crecido en los últimos meses impulsada por la acción de diversos colectivos de víctimas: el asesinato del líder del PP vasco Gregorio Ordóñez (1995); el del juez Francisco Querol (2000); el atentado en el aeropuerto de Barajas, que mató a Carlos Palate y Diego Armando Estacio (2006); el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (1987), por el que la Audiencia Nacional sentará de nuevo en el banquillo al histórico ‘Josu Ternera’ en calidad de inductor; el atentado en Santa Pola (2002), en el que la banda mató a una menor de edad. El más simbólico dentro de esta revisión de casos es el asesinato del joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco (1997), y al mismo tiempo uno de los que más opciones tiene de prosperar, según advierten fuentes jurídicas.

Años 90

Sentencias precedentes invitan a rebajar la expectativa de ver pagar a los jefes de la banda por los atentados que perpetraban sus subordinados. En el caso de Miguel Ángel Blanco, la querella presentada por la asociación de Dignidad y Justicia señala a nueve jefes que en aquellos momentos integraban el comité de dirección, llamado Zuba (‘Zuzendaritza Batzordea’), que coincide con el listado del informe policial de 2014.

Por estos hechos se condenó a los autores materiales, los encargados de apretar el gatillo, Javier García Gaztelu, Irantzu Gallastegui y un tercer etarra ya fallecido. En la sentencia de hechos probados se dice que lo hicieron por orden de la dirección. La asociación de víctimas recuerda que al menos uno de los nueve jefes a los que señala, Javier Arizcurren Ruiz, ya está procesado como inductor del asesinato como responsable del aparato militar. Sin embargo, a su juicio, la participación de todos los jefes fue más allá de una mera inducción. Apelan a un principio que consiste en el dominio del hecho.

Años 2000

Este mismo concepto aparece en otras sentencias pasadas para descartar condenas para jefes de la organización. Fue el caso de Mikel Carrera Sarobe, absuelto por el atentado en la casa cuartel de Burgos (2009), en el que resultaron heridas decenas de personas. Carrera Sarobe, alias Ata, aparece como jefe de ETA en el listado de la Policía. Le ubican al frente de ETA como jefe militar entre 2006 y 2010. Sin embargo, la Audiencia Nacional le absolvió en 2016 al no quedar acreditado que en ese momento fuese el jefe del comando Otazua, que perpetró el ataque y cuyos integrantes sí fueron condenados. 

Los jueces también absolvieron al etarra Javier García Gaztelu, Txapote, por el atentado contra una patrulla de la Guardia Civil en Bilbao en 2000. La sentencia recoge la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual, debe acreditarse la orden de una acción concreta y no genérica de atentar contra un grupo determinado como jueces, policías, empresarios o políticos. La diferencia fundamental en el caso de Miguel Ángel Blanco es que ETA le dio un plazo de 48 horas al Gobierno para acceder a sus pretensiones a cambio de no matar al joven concejal. El Ejecutivo de José María Aznar no accedió a las exigencias de los terroristas y el político de Ermua fue asesinado. Entiende la querella que la dirección de la banda tuvo un control directo sobre aquella decisión que podría haber revertido con una contraorden y no lo hizo.

Años 2010

El listado efectuado por dos inspectores jefes de la Policía Nacional arranca en el año 1977, tras la aprobación de la Ley de Amnistía. «Como es sabido, tras la Amnistía, ETA continuó su existencia e incluso redobló su actividad terrorista», destaca el escrito. Antes de esa fecha, los investigadores se remontan al año 1962 para establecer las primeras asambleas de ETA en las que se creó un «comité directivo». Lo que siguió a continuación fueron diversas revisiones de la estrategia de la organización que en 1973 (VI Asamblea) se materializó con la ruptura entre ETA político-militar y ETA militar. Los primeros renunciaron en su mayoría a la violencia, mientras que los segundos son la organización que sembró de terror España durante los cuarenta años siguientes.