- La dignidad de todas esas víctimas es la que se encuentra sometida al ajetreo del cortoplacismo con el que este gobierno gestiona la realidad política de los españoles. Sin principios mínimamente permanentes y sin valores sociales mayoritariamente asumidos
Se empeña denodadamente el Partido Socialista Obrero Español en tratar de convencer a la sociedad española de que el terrorismo de ETA es una página superada de nuestra historia de la que no merece la pena hablar porque hay que mirar al futuro sin volver la vista atrás. A nadie se le escapa que, al mismo tiempo, permanece obstinado en reescribir el pasado más remoto, aquél del que no conservamos memoria real, porque la inmensa mayoría de nosotros no lo vivió, sin mencionar a los que se empeñan en reescribir el relato del descubrimiento de América, ese sí que sin supervivientes que nos lo narren en directo.
Pues bien, en este estado de cosas, padecemos los españoles las consecuencias de un pacto oculto, para la permanencia del señor Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, entre el Partido Socialista Obrero Español y los herederos de la organización terrorista ETA, dentro de EH-Bildu, que, a costa de despreciar la voluntad de la mayoría de los españoles, otorga a la representación de este partido unos logros políticos que la representación ciudadana que ostentan nunca les permitiría imponernos al resto de nosotros. Pero el señor Sánchez necesita sus votos y está dispuesto a pagar por ellos lo que sea, aunque ese «lo que sea» no le pertenezca.
Mucho se habla estos días de la dignidad de las víctimas, aunque muchas de ellas no se encuentran representadas en las asociaciones formales de Víctimas del Terrorismo y muchas de ellas permanecen anónimas, porque simplemente fueron expulsadas de sus casas, de sus pueblos y de sus ciudades porque no participaban de la locura asesina e independentista de ETA y mientras algunos de estos, que fueron expulsados, lo fueron porque se negaban a pagar el criminalmente denominado «impuesto revolucionario», otros, simplemente, no comulgaban con los principios que sustentaban la locura asesina que durante sesenta largos años se apoderó de la maltrecha convivencia entre vascos y entre estos y el resto de los españoles. La dignidad de todas esas víctimas es la que se encuentra sometida al ajetreo del cortoplacismo con el que este gobierno gestiona la realidad política de los españoles. Sin principios mínimamente permanentes y sin valores sociales mayoritariamente asumidos.
Pues bien, hemos vivido estos días la manifestación explícita del apoyo del Partido Socialista Obrero Español a los representantes de los que durante estos sesenta años (1958-2018) mantuvieron operativa una organización que no se puede calificar de otra manera más que de terrorista y mafiosa. Cuando el tres de mayo de 2018 anunciaron su disolución definitiva, optaron por utilizar los recursos que la democracia les ofrece para tratar de obtener sus fines por medios alternativos, ya que los abiertamente delictivos se habían mostrado inútiles gracias a la resistencia de la sociedad española y a la eficaz actuación de las instituciones del Estado, tanto las policiales, como las judiciales y políticas.
Se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado la Ley que, «en principio», podría permitir reducir la condena a los más destacados y sanguinarios terroristas de la banda asesina ETA que cumplen condena en las cárceles españolas por sus muchos y execrables delitos. Todo ello sin manifestación de arrepentimiento alguno ni de colaboración con la Justicia a fin de esclarecer los cerca de trescientos asesinatos cuya autoría permanece sin esclarecer. Un escarnio, en mi opinión inaceptable para la memoria de todas las víctimas, de todas ellas.
Digo «en principio» porque el procedimiento parlamentario por el que esta norma ha salido adelante se encuentra aún sometido al análisis de un presunto conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado como consecuencia del cual la voluntad ampliamente mayoritaria del segundo ha sido frívola y despectivamente ignorada por la voluntad, igualmente mayoritaria, aunque con menos amplitud, del primero. Hasta eso se ha puesto vergonzosamente de manifiesto en la maniobra urdida por el Partido Socialista Obrero Español para obtener sus fines sin reparar en los medios. La necesidad de hacerlo a toda prisa y sin dar lugar a la reflexión colectiva que, sin lugar a duda, el asunto merece.
Una segunda concesión a la misma formación política, en representación de los intereses de los mismos condenados por acciones atroces contra los derechos fundamentales de las personas, ha sido la de no respaldar la propuesta del Partido Popular, que otrora contara con la colaboración del Partido Socialista Obrero Español en la defensa de la dignidad de nuestro modelo de convivencia, para que terroristas convictos y confesos con graves delitos a sus espaldas pudieran ser sometidos a escrutinio a la hora de ver sus nombres incorporados a listas electorales con opción a ostentar representación ciudadana. Un nuevo cambio de posición del Partido Socialista Obrero Español hacia posiciones más cercanas a los intereses de los victimarios que a los de sus víctimas.
Yo me pregunto hasta qué punto los militantes ordinarios del Partido Socialista, no aquellos que se benefician del disfrute de cargos políticos sino aquellos que ejercen su militancia por profundas convicciones sin esperar nada a cambio, están dispuestos a permitir que la historia de su Partido se desarrolle unida a la de aquellos que tantos sufrimientos han impuesto a la generalidad de los ciudadanos españoles. Lo mismo me pregunto por supuesto de los que sin militar en el Partido les otorgan, en conciencia, su respaldo electoral.
Durante el debate del segundo de los asuntos anteriormente indicados se ha tenido que escuchar la advertencia dirigida desde la tribuna del Congreso hacia los escaños del Partido Popular por la Portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurúa, haciéndoles ver que si los que ahora mismo se encuentran unidos en estos pactos tan interesados como poco edificantes, se pusieran de acuerdo, a lo mejor podrían promover y obtener que los que no se presentaran a las elecciones, so pretexto de considerarlos una «organización criminal o corrupta» fueran ellos, los del Partido Popular. Una advertencia, expresada en forma de amenaza, que ha vuelto a hacer percibir a los españoles, gracias al apoyo del Partido Socialista, la supervivencia del aliento de ETA.
- Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla