Este Gobierno ha logrado que los años no terminen el 31 de diciembre. Como los Presupuestos, se prorrogan. En 2025 confluyeron todos los desmanes del régimen patrimonialista montado por el sanchismo, ese en el que lo privado y lo público se confunden. En estos ocho años ha ido anidando en el Psoe una corrupción masiva que ha explotado. Para el bienestar de los españoles, importa, y mucho. El Nobel de este año se lo concedieron a tres economistas por haber demostrado que la diferencia en el desarrollo de los países se explica básicamente por su capacidad para adoptar una economía de innovación, algo inviable cuando las instituciones se corrompen.

Olvídate de si el Psoe es más de comunismo o de socialdemocracia, eso a estos socialistas les da igual. En Extremadura se desmoronó la trampa base del sanchismo con la que alargar la vida de su Gobierno corrupto: los “progresistas” deberían tragar con toda la basura a la vista por el bien superior de evitar que lleguen al poder “la derecha extrema y la extrema derecha”. Resultado: 60% de extremeños se hicieron fachas, según ideólogos del régimen, como Puente o Rufián. Lo más funcional de los análisis de todo el activismo sanchista es el objetivo central de ocultar la corrupción masiva que protagonizan -y con la que se enriquecen- y sus consecuencias en el nivel de vida de los españoles.

Gasto público sin control

Uno de los Nobel, Philippe Aghion, tiene bien documentado cómo las prácticas de corrupción en los gobiernos impiden el desarrollo de las economías de innovación que dominan el mundo de la nueva globalización. Es simple. Si las empresas logran más pagando mordidas a ministros y adláteres, no les compensa innovar para competir. Por ejemplo, a las adjudicatarias de obra pública. Allí donde domina la corrupción, importa más tener el teléfono de los popes del ministerio de Hacienda que invertir en competitividad. La colusión entre miembros del Gobierno y sectores empresariales que buscan atajos es marca sanchista, como en los casos de Telefónica, Indra, la Sepi o con la OPA del BBVA. Es el “efecto lobbying”, que desanima la inversión en innovación de empresarios serios y premia a los que untan a los políticos corruptos. Con palabras de Aghion, “cuanto mayor es la corrupción, las empresas ya establecidas pueden ejercer mayor presión en las políticas para reducir la competencia e impedir la entrada de nuevas empresas”.

En una excelente información de Beatriz Triguero en Vozpópuli se puede comprobar cómo la inversión privada se ha hundido en España y su nivel actual es un 5% inferior a la de 2019. Es el gasto público sin control, exclusivamente con fines electorales y ninguna propuesta de futuro, el que domina con cargo a deuda para próximas generaciones. Por si hubiera dudas sobre consecuencias, ahí está el informe Foessa de este año sobre evolución de pobreza y desigualdad; o los datos de Eurostat, entre los que destaca que con Sánchez los hogares que no pueden calentar su casa en invierno han pasado del 8% al 18%. ¿Y los excepcionales fondos Next Generation europeos? Gracias a las interferencias de los comisionistas socialistas, un fiasco planetario, una oportunidad quemada. Sobran 60.000 millones para posibles inversores, dicen. ¡Buen chiste!

La corrupción sanchista, organizada desde el origen, ha conseguido que, en la competición de las naciones, España descienda de categoría. Como advierte Aghion, las economías nacionales para lograr crecimiento sólido, buenos salarios y sociedades inclusivas necesitan entornos institucionales limpios. Cuando un Gobierno coloca a familiares y amigos en los organismos reguladores, pone a ministros en el Banco de España, en la Fiscalía General o en el Tribunal Constitucional, coloniza organismos que necesitan independencia, como el Ine, el Cis o el CNI, entonces, los inversores innovadores ya saben en qué país no les conviene arriesgar su dinero. Si tuviera que elegir un ejemplo del grado de corrupción institucional del Psoe sanchista -y no hay otro-, no tendría ninguna duda: la declaración de secreto, por razones de Seguridad Nacional -¡santo cielo!-, de la supuesta implicación de Zapatero en el rescate de la “venezolana” Plus Ultra. Por algo piden al Gobierno que aguante mientras ellos ponen al día “sus cuentas”. ¡Porca miseria!