Una importante, quizá mayoritaria porción de españoles informados señalaría la corrupción como el gran asunto político de este año. Con motivo: la esposa y el hermano del presidente del Gobierno han sido imputados, ha estallado una trama de presuntos sobornos y comisiones en torno al ex ministro Ábalos y hasta la Fiscalía del Estado (si se trata del propio fiscal general habrá que probarlo) está involucrada en una investigación judicial por filtrar datos confidenciales de un ciudadano para intentar perjudicar a una dirigente del bando adversario. La legislatura está severamente amenazada por éstos y otros casos que afectan a Pedro Sánchez en su entorno más cercano. Pero el impacto de estas noticias ha logrado opacar el que en términos objetivos constituye el mayor escándalo de 2024: el de la amnistía otorgada por el jefe del Ejecutivo a los autores de una insurrección contra la integridad del Estado a cambio de asegurar la reelección de su mandato.

La operación de permutar impunidad por votos es un acto de simonía política. Un episodio de pura corrupción moral y legislativa sin el cual el sanchismo no habría podido sostener su precaria hegemonía. Y a ese descomunal abuso de poder que implica la desautorización de los tribunales de justicia hay que sumar el ya habitual y desenfadado recurso a la mentira. Desde Sánchez a sus ministros, pasando por la totalidad de la nomenclatura socialista, negaron cualquier posibilidad, incluso jurídica, de decretar la amnistía hasta la misma víspera del escrutinio que otorgó a los separatistas una posición parlamentaria decisiva. Una flagrante ruptura del contrato electoral con la ciudadanía, por muy acostumbrada que ésta se halle a la rutina de las promesas incumplidas. Arbitrariedad, extralimitación, engaño y desafuero a los que hay que sumar la furtiva negociación con un prófugo en Suiza. La dignidad del Estado rendida por un cúmulo de fechorías.

Sin embargo, hay que reconocerle al sanchismo su habilidad para normalizar toda clase de desmanes, o al menos para cubrirlos muy pronto con un velo de olvido, tejido a base de nuevos desvaríos. La acumulación de irregularidades institucionales, cacicadas autoritarias, maniobras ocultas, alteraciones de reglas y transgresiones de principios se produce a tal velocidad que la opinión pública pierde el hilo por incapacidad de procesar su asombro al mismo ritmo. La paradoja del fenómeno consiste en que al final parece haber llegado una circunstancia imprevista, un momento crítico en que el cartero de las responsabilidades penales ha vuelto a llamar al timbre de la Moncloa para entregar a domicilio un paquete con acuse de recibo. Y esta vez va a resultar difícil minimizar su contenido o esconderlo bajo nuevas polémicas artificiales y relatos propagandísticos. Porque en el Código Penal quedan delitos que no es posible borrar a capricho.