El año de una Justicia acosada

El acto de apertura del año judicial, que se celebra hoy en la sede del Tribunal Supremo, retratará la crisis abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez con la justicia en todos los frentes imaginables. España vive una situación insólita de deslealtad del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, cuyo origen es la serie de pactos de investidura suscritos por Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, en los que los socialistas pagaban el precio de reconocer que los jueces españoles practican la persecución política, el llamado ‘lawfare’. No fue una ocurrencia efímera, ni una frase que haya quedado obsoleta. Entonces sirvió para señalar al Tribunal Supremo por las causas abiertas por la declaración de independencia de 2017, pero aquella acusación ha sido renovada por Pedro Sánchez al inicio de este curso político, en su entrevista en la televisión pública y a través de medios internacionales. Así es como Sánchez da la bienvenida al año judicial.

Es en este contexto de hostilidad abierta hacia la judicatura, tan similar al que se vive en los países que se encuentran o están en tránsito hacia sistema autocráticos, donde se explica el plan gubernamental contra los jueces, mediante leyes que socavan su profesionalidad e independencia o que desjudicializan el proceso penal. Y se explica el apoyo cerrado al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y para quien el Colegio de la Abogacía Madrileña pide una condena de cuatro años de prisión. Perdido el respeto institucional, nada importa al Gobierno sentar junto a su Majestad el Rey a un fiscal general repudiado por sus subordinados, señalado en vía administrativa por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por desviación de poder con nombramientos ilegales y a un paso del banquillo de los acusados en la Sala Segunda del Alto Tribunal. Lo que falta el respeto al Jefe del Estado no es que el líder de la oposición no esté hoy presente en el Palacio de las Salesas, sino que lo esté un fiscal general deslegitimado por la máxima instancia judicial del Estado, junto al ministro de un Gobierno que ha hecho del ataque a la Justicia el eje de su mandato.

La mitad del Consejo General del Poder Judicial –en línea con la mayoría de jueces y fiscales– ha pedido a su presidenta, Isabel Perelló, que inste a García Ortiz a que no asista al acto de hoy, iniciativa que busca, más que el resultado pretendido, mostrar el grado de división interna que genera la política de provocaciones del presidente del Gobierno contra los jueces. La otra mitad del Consejo General del Poder Judicial, formada por los vocales ‘progresistas’ calla ante los ataques de Sánchez, pero ha pedido «lealtad institucional» y evitar una «polaridad artificiosa» en la apertura del año judicial. La primera está ausente desde hace mucho tiempo por los actos intencionados del Gobierno para deslegitimar a los jueces. La polaridad a la que aluden los vocales ‘progresistas’ no tiene nada de artificiosa, sino que es la cruda realidad construida por un Gobierno dispuesto a anular los poderes de control de una democracia: el legislativo, al que no se presentan los Presupuestos Generales del Estado; y el judicial, sometido a una campaña sin precedentes en España y en Europa de descrédito.

Esto es solo el principio. El Gobierno ha puesto muy alto el listón de su agresión a los jueces porque sabe, a su pesar, que este es el año de la Justicia.