La penúltima medida que Pedro Sánchez pretende imponer vía decreto ley sobre los apagones nocturnos en los comercios y monumentos, además de limitar las temperaturas de los edificios, no sólo ha topado con la oposición de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las críticas se han extendido a las comunidades de Andalucía y Murcia. Incluso cuenta con el rechazo del alcalde socialista de Vigo por la vía de los hechos. Abel Caballero empezó a montar las luces de Navidad de su ciudad al mismo tiempo que el Gobierno anunciaba las medidas de ahorro energético. Eso sí. Este año los 11 millones de luces led se encenderán una hora menos. Es lo que tiene cuando se adoptan decisiones que afectan tan directamente a los ciudadanos sin contar con los afectados. Una costumbre muy enraizada en este presidente de Gobierno.

Su ‘apagón’ por decreto tampoco ha gustado en las autonomías de Cataluña y Euskadi. Ni en fondo y forma en dos comunidades que tienen muy a gala, como Madrid, no dejar pasar ni una invasión de competencias. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se mantiene en el plan que el Gobierno vasco lleva semanas trabajando. Es decir: que se desmarca de Sánchez con medidas propias, menos «efectistas y más eficaces» que las de La Moncloa, a las que califica de «ocurrencias» y que no piensa aplicar hasta que pasen las fiestas en las tres capitales vascas. En ningún caso, imponer. Seguro que Sánchez no descalificará al PNV por comportarse como unos ‘egoístas’, como ha hecho con Díaz Ayuso. Pero Patxi López tuvo que salir ayer a marcar distancias para que la gente no vaya a creerse que en el Gobierno vasco, donde conviven felizmente en coalición el PNV y los socialistas, todos piensan lo mismo. Enseñó la espada pero no la desenvainó. Sólo para limitarse a hacer una pregunta retórica a la consejera vasca: «¿Las ocurrencias son menores si son del Gobierno vasco?» Y hasta ahí pudo leer.

«La ley, en España, se cumple», dice el presidente del Gobierno señalando a la presidenta de la comunidad de Madrid. Pero ésa es una sentencia que se la salta el Gobierno de Cataluña y él mismo por consentirlo. La Generalitat ejerce un permanente desacato a sentencias firmes de los tribunales cuando le obligan, por ejemplo, a garantizar el 25% de la enseñanza en castellano en los centros escolares de Cataluña. Y los socialistas, lejos de instarles a cumplir las normas, les hacen seguidismo en la objeción judicial.

La oscuridad es un mal presagio. No exageran quienes dicen que provoca tristeza y espanta al turismo y al consumo. El Gobierno tiene que ser creíble para que la gente no desconfíe de él. Pero los sondeos van indicando que Sánchez no se encuentra en esa situación. La obsesión de intervenir en nuestras vidas restringiendo libertades provoca desafección. Y el voto se resiente. No parece que buscar el cuerpo a cuerpo con el PP, para frenar la idea de cambio de ciclo, le esté funcionando. Se le puede ir de las manos.