Todos los ciudadanos recuerdan dónde estaban cuando el país se fue a negro. En la sociedad de la seguridad creada por el desarrollo moderno, la mentalidad pública no contemplaba la posibilidad de un colapso energético en tiempo de paz y en un país acostumbrado a presumir de estándares tecnológicos de riesgo cero. Esas cosas, pensábamos, no pasan en sitios serios. Costó trabajo entender que no se trataba una avería local, uno de esos cortes incidentales de suministro provocados por algún cable cortado en una obra o un transformador que sale ardiendo. Y de ahí pasamos a la perplejidad al comprobar que se trataba de un desbarajuste sistémico cuyo origen, causas y detalles permanecen envueltos en el misterio o, peor aún, en el secreto, en un culposo encubrimiento destinado a enmascarar flagrantes defectos del modelo. Sin respuestas, sin justificación, sin evaluación y, por supuesto, sin garantías de que el estropicio no se produzca de nuevo. Sólo un turbio, evasivo, remordido silencio.

Esta vez el relato es la ausencia de relato. La perdiz de la verdad mareada entre nubes de investigaciones desganadas, limbos de informes opacos y tormentas de autoexculpaciones y reproches cruzados. La ética del engaño apenas quebrada por discontinuas revelaciones periodísticas sobre evidencias de avisos previos del caos. Al fondo, un discurso medioambiental dogmático que priorizó las fuentes renovables, a costa de la estabilidad de la red, en busca de un logro publicitario: el de un día completo de energías limpias, un récord de progresismo climático. El resultado, una deficiencia de control de voltaje con efecto de daños milmillonarios cuyos litigios de reclamaciones crearán un marasmo judicial insoluble a largo plazo. La misma, exacta táctica replicada respecto al accidente ferroviario. Pero esas dos fechas permanecerán en la memoria colectiva como las efemérides de sendos fracasos de Estado. Los días en que quedó claro que la gestión de las cosas que importan no está en buenas manos.