Todo nacionalista preguntado por la independencia responderá inevitablemente que sí, que es partidario. Es de suponer que Urkullu no incurra en la torpeza de Ibarretxe de admitir que se ponga su nombre a un plan y hablemos a partir de ahora de Plan Urkullu a una revisión del plan de su antecesor, una huida hacia delante que comenzó el 27 de septiembre de 2002 en el Parlamento vasco y terminó en el Congreso el 1 de febrero de 2005.

La verdadera derrota del plan se produjo cuatro años más tarde, en las elecciones del 1 de marzo de 2009, cuando Patxi López se alzó con la Presidencia del Gobierno vasco. Fue necesario el plan y el empecinamiento de su titular en impulsarlo para que el PP apoyara con sus 13 escaños los 25 que había obtenido el PSE y conseguir la mayoría absoluta, superando los 30 que había alcanzado el PNV. ¿Mereció la pena aquello? Eso es otra historia. Hubo alguna conquista positiva, aunque magra, y sobre todo la victoria de los no nacionalistas estaba condenada a ser efímera: una legislatura que se quedó en tres años.

Urkullu ha vuelto por donde solían, poniendo en el centro de su plan el derecho a decidir, una martingala vasca en la era Ibarretxe, no los catalanes. El derecho a decidir fue definido entonces por el portavoz del PNV, Joseba Egibar, un hombre que brillaba cada vez que tiraba de metáfora: «Señores, tenemos un solar que es la voluntad popular, y sobre él vamos a edificar, libre y democráticamente, lo que consideremos oportuno».

Egibar es un tipo sencillo y campechano. No se le puede reprochar la simpleza metafórica sin aplicarle el beneficio de su pertinencia. ¿Qué más apropiado que la imaginería del albañil para alguien empeñado en la construcción nacional? Usted, amable lector, hombre prudente y bien informado, podría decir: «La del arquitecto», pero erraría, porque es función de los arquitectos atenerse a reglas, planificación, permisos legales y otras mandangas desde que Hipódamo de Mileto definió la retícula en el siglo de Pericles. Pejigueras que no afectan a los pundonorosos y decididos albañiles. Esta es la cuestión que cimenta el Plan Urkullu con más claridad que al Plan Ibarretxe, que admitió mansamente su derrota en el Congreso. Urkullu supera a su antecesor y secunda a sus homólogos catalanes, al redefinir la democracia como una voluntad ciudadana por encima de las leyes: «El respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca. Un principio que es también, con igual o superior fuerza, legalidad vigente».

El Gobierno debería repasar sus tratos más recientes con su gran esperanza para la aprobación de los Presupuestos: no bastó el regalo de la nueva Ley del Cupo, que Rivera bautizó afortunadamente como El cuponazo. El portavoz nacionalista añadió una nueva condición para aprobar los Presupuestos: la retirada del artículo 155 de Cataluña. Era una exigencia ya caduca: ahora toca el derecho a decidir. ¿Y no les dará Rajoy un pañuelo para el niño?