El futuro de esta legislatura tiene una clave política, la de las alianzas de Sánchez, y otra judicial, la del funcionamiento adecuado de la separación de poderes. Ésta es la más importante porque afecta a la base conceptual de la estructura democrática. Y no reside tanto en el horizonte penal del entorno del presidente como en el proceso de revisión del modelo constitucional que subyace en la estrategia jurídica del Gobierno y en su campaña contra la independencia de los jueces. Además del intento de convalidar nombramientos o decisiones de legalidad cuestionada, con la amnistía en primer término, y de desactivar los sumarios en marcha a través de iniciativas como la ‘ley Begoña’, existe un proyecto de reconversión encubierta del sistema de justicia vigente mediante la neutralización de la autoridad y la legitimidad del Tribunal Supremo. Un ensayo de mutación solapada o fraudulenta de la arquitectura institucional del Estado de derecho.

Ese designio se apoya en dos soportes esenciales, ambos residenciados en el Tribunal Constitucional que preside Conde-Pumpido. Uno es la conversión de la Corte de Garantías en una instancia final de casación cuyos miembros responden a la correlación lineal de fuerzas parlamentarias. El otro es la teoría constructivista, defendida por el mismo Pumpido y varios de los actuales magistrados, que entiende la norma fundamental como un código abierto a interpretaciones dinámicas, circunstanciales, diacrónicas o adaptativas. Ambos factores convergen en el uso de las sentencias del TC como verdaderas enmiendas de facto, tanto a los veredictos del Supremo como a la propia Carta Magna, y siempre en respaldo de una voluntad política dominante identificada con la expresión de la mayoría social. Una especie de metamorfosis del intérprete de la doctrina constituyente en una ‘longa manus’ del Ejecutivo con capacidad de reconfigurar el orden jurídico a su medida y servicio.

Hay síntomas de que en las próximas semanas o meses va a producirse un acelerón en tal sentido, con pronunciamientos sobre recursos primordiales para atornillar la precaria estabilidad del sanchismo. Al mismo tiempo, la ofensiva sobre la magistratura, a la que ministros y portavoces socialistas presentan como una casta endogámica entregada a una conspiración antigubernamental, allana el terreno para justificar la eventual denegación de suplicatorios en el Congreso forzando el choque de legitimidades hasta el último extremo. Se perfila un estatus de inmunidad e impunidad autootorgado por el poder a través del control de la última palabra sobre las reglas del juego. Es decir, de un arbitraje casero. De tal manera que más allá de la necesidad inmediata de zafarse de responsabilidades o de ratificar la dudosa licitud de ciertas leyes, el objetivo final de esta coordinada secuencia de procederes empieza a parecerse a un cambio de régimen.