La información que hoy recoge EL ESPAÑOL, a partir de las advertencias de las fuentes diplomáticas consultadas, permite concluir que la llamada Ley de Nietos apadrinada por el Gobierno oscila entre el disparate administrativo, en el mejor de los casos, y la manipulación silenciosa del censo, en el peor.
Esta normativa se articula a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, cuyo objetivo teórico es permitir la obtención de la nacionalidad española a los nacidos en el extranjero que sean hijos o nietos de españoles de origen, y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio «por razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual».
Pero el primer aspecto que hace esta medida profundamente inquietante es su magnitud.
La estimación del propio Ejecutivo apunta a casi dos millones y medio de nacionalidades concedidas cuando se completen las pendientes de cita o resolución. Lo cual hace palidecer (en sólo tres años de vigor de la norma) el balance de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007, que a lo largo de más de una década concedió 373.616 nacionalidades.
Por sí mismos, estos números sólo pueden resultar escandalosos en el contexto actual, marcado por cifras récord de llegadas de inmigrantes desde que Pedro Sánchez es presidente (con el consiguiente tensionamiento de las infraestructuras y los servicios públicos), y por la contumacia en una política de puertas abiertas que se desmarca del consenso de la época en Europa.
Pero son además múltiples los elementos sospechosos en esta normativa que otorga a los nuevos ciudadanos el derecho de voto en las elecciones generales, autonómicas y europeas, al integrarlos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Para empezar, la ampliación por parte del Gobierno del plazo inicial de dos años para solicitar la nacionalidad, prorrogándolo hasta octubre de 2025 ante el aluvión de peticiones que están colapsando los registros consulares.
Por otro lado, sorprende la laxitud de los requisitos, mucho menos restrictivos que los contemplados en la ley de Zapatero.
La reinterpretación de la norma ordenada por el Ejecutivo amplía el alcance de la nacionalización para que no se circunscriba a los estrictamente exiliados.
El despropósito es patente: no se exige acreditar una persecución política real y concreta. Basta con ser descendiente de alguien que abandonó España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo que ampara potenciales fraudes.
Y a ello se suma la insuficiencia de los controles.
En el formulario de Exteriores se permite que el interesado elija libremente la circunscripción donde votará «a efectos de los procesos electorales». Cualquier nuevo ciudadano puede adscribirse a un municipio con el que no tenga vinculación alguna, alegando motivos imposibles de verificar en la práctica.
Si a esto se le suma la reciente gira del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por países como Argentina y Chile para promocionar la ley, es difícil apartar la sospecha de que el Gobierno está incentivando abiertamente la nacionalización.
Todo el proceso, además, está marcado por una opacidad absoluta.
El Gobierno se niega a informar con precisión sobre cuántas nacionalidades se han concedido, alegando que no puede proporcionar los datos precisos porque «no están digitalizados».
Una interpretación nada descabellada, a partir de una inferencia de la política migratoria de Sánchez en general, permite concluir que estamos ante una coartada normativa para una regularización masiva con fines electoralistas.
Porque la Ley de Nietos sigue los mismos patrones que la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo: flexibilización de procedimientos, relajación de las pruebas documentales de arraigo hasta lo irrisorio, y supervisión insuficiente.
O sea, un modelo de cheque en blanco administrativo cuyos agujeros en la verificación no sólo incentivan las llegadas irregulares y obstaculizan la gestión racional de los flujos migratorios, sino que generan un descontrol que compromete la seguridad jurídica.
No es por tanto osado suponer que el PP no yerra al acusar a Sánchez de buscar «alterar el censo electoral en el medio plazo», mediante la entrada de más de dos millones de nuevos votos potenciales entre el «decretazo» de extranjería y la Ley de Nietos.
Es cierto que la inmigración hispana es heterogénea y que el voto CERA es plural: no cabe asumir que todas estas nacionalizaciones vayan a traducirse automáticamente en votos para el bloque de izquierdas.
Pero es evidente que la regularización por la vía rápida genera un vínculo de gratitud política hacia quien concede los papeles, abonando el terreno para el clientelismo electoral.
Y dado que la nacionalización está orientada a los descendientes de exiliados por causa de la persecución franquista, es lógico suponer que estos se sentirán menos estimulados a votar a quienes el Ejecutivo retrata injusta y machaconamente como herederos de aquel régimen.
Aunque las encuestas coinciden en pronosticar una debacle del bloque gubernamental, el presidente parece haber encontrado su arma secreta para dar la vuelta a los sondeos: una ingeniería social vía inmigración para convertir lo que empezó ejerciendo de mano de obra en mano de voto cautiva.