El asalto a las instituciones

Porque no hay que cansarse de recordar que lo que caracteriza a las democracias no es, únicamente, que gobierne el que más votos saque en las elecciones, sino el respeto a la Ley, a la separación de poderes y a la independencia de todas las instituciones del Estado. Porque una democracia será tanto más perfecta cuanto más controle a los poderes del Estado, de manera que tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial encuentren los necesarios contrapesos en la Ley para que ninguno pueda menoscabar la libertad de todos los ciudadanos. Porque tampoco hay que olvidar que el objetivo último y primordial de la democracia es la libertad de todos.

Pues bien, ese respeto a la Ley, a la separación de poderes y a la independencia de las instituciones Sánchez lo ha perdido absolutamente. Con el mismo descaro que tuvo al mentir clamorosamente antes de las anteriores elecciones generales acerca de sus aliados, durante los cinco años que lleva en el poder ha ido eliminando contrapesos, asaltando instituciones y atacando la separación de poderes. El catálogo de las maniobras y operaciones de todo tipo que Sánchez ha llevado a cabo durante este periodo es inabarcable.

«El desprecio al Parlamento se hizo evidente cuando lo cerró con la excusa de la pandemia»

El asalto a organismos que por definición deberían ser independientes ha sido constante y sin el menor complejo, hasta caer en lo grotesco. Ahí está el CIS o la Televisión «espantosa» (como acertadamente la calificó Rosa María Mateo) o Correos, que veremos ahora cómo funciona ante las próximas elecciones, que, en otro acto de exhibición autocrática, ha convocado el día que va a ser uno de los más calurosos del año.

El desprecio al Parlamento se hizo evidente cuando lo cerró con la excusa de la pandemia, mientras decretaba dos estados de alarma, que hasta el Tribunal Constitucional, antes de ser a su vez asaltado por sus huestes, decretó que fueron inconstitucionales, ¡como si le importara algo saltarse nuestra Constitución, que odian expresamente todos sus socios de gobierno!

Pero donde ha puesto más esfuerzos por difuminar y eliminar los controles que la Ley tiene para limitar sus ansias de poder absoluto ha sido en todo lo que se refiere a la Justicia. En todos los sentidos.

Es absolutamente escandaloso que, cuando deja de gustarle una sentencia que había ponderado, le falte tiempo para indultar a los condenados, calificándola de «vengativa», como hizo con los golpistas catalanes. Para, a continuación, cambiar la Ley, en una operación que es una invitación expresa a que vuelvan a intentar el golpe de Estado.

Pero aún más escandalosas son sus operaciones para hacer que los órganos judiciales de nuestro Estado de Derecho estén dirigidos por peones suyos, correligionarios fieles que nunca se atreverán a llevarle la contraria o a limitar su poder, que quiere ser omnímodo.

Ahí están, primero, su ley para prohibir al CGPJ hacer los nombramientos a los que la Ley le obligaba y, poco después, su otra ley para devolverle la competencia de elegir magistrados del Tribunal Constitucional a su gusto. Todo para conseguir que Cándido Conde-Pumpido se manche aún más su toga y haga del TC un instrumento obediente para, por la puerta de atrás, ir cambiando la Constitución de la concordia para convertirla en la de una autocracia bolivariana.

«Esa falta de vergüenza nos encontramos hoy con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática»

Porque tampoco ha tenido el menor reparo en nombrar magistrados de este Tribunal a dos personas que le deben a él el haber ostentado altísimos cargos de naturaleza política. Ya me dirán qué independencia de criterio pueden mantener Juan Carlos Campo, que ha sido ministro de Justicia con él, o Laura Díez, que ha pasado de ser directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en La Moncloa hasta 2022, a ser vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña, nombrada por el Parlament, dominado por los independentistas. Dos personas que están en el proyecto de Sánchez de acabar con los contrapesos que le impiden gobernar más autocráticamente.

Ahí está el nombramiento de Dolores Delgado, ministra de Justicia tres veces reprobada por el Parlamento, como fiscal general del Estado, para demostrar lo que Sánchez quería decir cuando interrumpió a aquel sorprendido periodista al que le restregó por la cara de quién depende la Fiscalía, ¡pues eso!

Y en el colmo de esa falta de reparos y de vergüenza nos encontramos hoy con el nombramiento de la misma Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos del Tribunal Supremo. En contra del criterio del Consejo Fiscal. En una operación que ha llevado a cabo su sucesor en la Fiscalía General del Estado, después de haber sido su jefe de Gabinete, Álvaro García Ortiz, pero que todos sabemos que está concebida y dirigida por el actual usufructuario del Falcon.

No le ha importado la oposición a ese nombramiento de la mayoría de los fiscales de carrera, que contemplan atónitos cómo desde La Moncloa se juega con su máximo capital moral e institucional, que es y debe ser la independencia. Como tampoco le importa tomar esa decisión en pleno periodo electoral. Un periodo electoral que, con muchas probabilidades, acabará con un cambio de Gobierno, y cuando el probable nuevo presidente ya ha anunciado solemnemente que va a derogar la siniestra, nefasta y totalitaria Ley de Memoria Democrática, lo que dejaría, afortunadamente, sin materia a la recién nombrada fiscal, que tampoco disimula que su pareja actual se dedica a ganar dinero con pleitos sobre esa controvertida materia.

El 23-J es la gran oportunidad para acabar con ese constante asalto a los contrapesos de los poderes que los españoles necesitamos para garantizar nuestra libertad y que tanto molestan a los que sueñan con el modelo argentino, bolivariano o cubano.