La intervención coordinada de Estados Unidos e Israel en Irán este sábado no sólo marca un vuelco geopolítico de dimensiones históricas. El asesinato del ayatolá Alí Jamenei reabre una disyuntiva moral que la humanidad arrastra desde hace siglos.
Estamos ante un acontecimiento que trasciende la dimensión militar para adentrarse en un debate sobre la justicia intrínseca de la violencia cuando esta se dirige contra la tiranía. Y, por tanto, en la tensión entre la legalidad internacional y la legitimidad ética de acabar con un opresor.
Ante todo, es indudable que la agresividad de la política exterior estadounidense en el segundo mandato de Donald Trump está generando una enorme inquietud global.
En apenas unos meses, hemos asistido a una aceleración frenética de maniobras discrecionales por parte de Washington que desprecian no sólo el derecho interno estadounidense, lanzando ataques sin la debida autorización del Congreso, sino también los pilares del derecho internacional.
Cabe recordar que esta operación llega poco después de la extracción forzosa de Nicolás Maduro en Venezuela, confirmando un patrón de acción directa que ignora sistemáticamente los cauces multilaterales tradicionales.
Los riesgos de este marco de actuación son evidentes.
Al dinamitar el principio de soberanía nacional y la prohibición del uso de la fuerza recogida en la Carta de las Naciones Unidas, Washington valida indirectamente las ambiciones expansionistas de otras potencias.
En un contexto de renacimiento de las ambiciones expansionistas de los grandes poderes, si el derecho internacional deja de ser un límite para EEUU, la violencia del más fuerte amenaza con sustituir definitivamente al orden basado en reglas.
Pero al igual que ocurrió a propósito del derrocamiento del dictador venezolano, vuelve a plantearse un debate similar de resultas de la operación Furia Épica.
Es necesario preguntarse cuándo resulta lícito que una nación extranjera intervenga para deponer a un régimen criminal.
El régimen de los ayatolás se ha consolidado como una estructura despótica que comete crímenes de lesa humanidad de forma sistemática. La Misión de la ONU ha documentado asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas, con especial saña hacia las mujeres y las minorías.
Solo en 2025, las ejecuciones superaron las 1.000 personas. La última oleada de protestas se saldó con una masacre de 36.500 personas bajo la orden directa de Jamenei de aplastar la disidencia por cualquier medio.
Sentado lo anterior, cabe argumentar que a la teocracia iraní le sería aplicable la doctrina clásica del tiranicidio.
Esta tradición filosófica sostiene que el gobernante que traiciona su función de protector y se convierte en déspota pierde su legitimidad de ejercicio.
Según el magisterio de autores como Juan de Mariana, el tirano que trastorna la comunidad, menosprecia las leyes y oprime a sus súbditos puede ser despojado de la vida al transformarse en un enemigo público.
Es decir, que la ruptura del pacto social justificaría la eliminación del opresor cuando no existen otros medios para restaurar el bien común.
Esta doctrina encuentra en el caso iraní un escenario de aplicación adecuado.
Ante la impunidad total del régimen y el cierre de cualquier vía institucional interna para deponer al Líder Supremo, la acción directa surge como una respuesta a la desesperación de un pueblo masacrado.
El ejemplo más ilustrativo de esta convicción moral que se puede invocar es el de Dietrich Bonhoeffer, el pastor luterano que participó en el complot contra Hitler, considerando que la responsabilidad hacia los más débiles obligaba a actuar contra el tirano cuando la magnitud del mal era extraordinaria y todo auxilio humano parecía agotado.
Pero también procede invocar el precedente de la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793, condenado por la Convención Nacional acusado de traición por haber conspirado con Austria y Prusia para que invadieran Francia y restauraran su poder absoluto.
Un episodio que ha quedado, para la izquierda, como la expresión por antonomasia de la justicia del pueblo y en cambio, para la derecha, como un ejemplo de la barbarie de la Revolución.
Resulta evidente que las acciones de Trump no están movidas por ninguna de estas elevadas consideraciones morales, sino por razones puramente estratégicas.
Su política exterior busca garantizar la hegemonía de Estados Unidos mediante el desmantelamiento sistemático del eje rival. Tras la caída de Maduro en enero, Washington ha procedido a degradar la estructura de mando de Hezbolá en el Líbano y a imponer un bloqueo naval total a los Hutíes en Yemen.
Al forzar también la salida de la Guardia Revolucionaria de Siria e intervenir en las milicias de Irak, el asesinato de Jamenei supone el golpe final a la red de apoyos de Irán, en un ejercicio de realismo político en su estado más crudo.
Pero, con independencia de los intereses de la Casa Blanca, el episodio despierta interrogantes éticos que es preciso plantearse con rigor.
Hay argumentos poderosos para denunciar la ilegalidad del ataque y el riesgo de anarquía internacional. Pero también hay razones de peso para defender la justicia de liberar a una población de su verdugo cuando el sistema de derecho internacional se revela incapaz de proteger la dignidad humana.
Se trata de un dilema moral de extrema complejidad en el que es imposible tomar una posición rotunda sin tener en cuenta la contraria.
Pero lo que está claro, y al margen de la incertidumbre de si la situación mejorará o empeorará tras la eliminación del líder supremo, es que la mayoría de los iraníes estará a favor del asesinato del tirano.