FERNANDO LÁZARO-El Mundo
«Equipara a víctimas y etarras, apoya la teoría del conflicto y justifica los asesinatos»
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, señaló ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pagando un precio a los nacionalistas vascos a cambio de su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Portero recordó que su asociación se ha personado ante el Constitucional con el fin de evitar que no haya voces que defiendan la inconstitucionalidad de esta norma. «Trataremos por todos nuestros medios de impedir este nuevo ultraje a las víctimas», añadió.
Asimismo, apuntó que el recurso que presentó el Gobierno fue firmado por un abogado del Estado. Y que ahora, otro abogado del Estado tendrá que firmar un informe totalmente contrario.
«El Constitucional, además, tiene que dar voz a la Fiscalía. Por eso nosotros nos personamos, para evitar que no haya voces que defiendan que esta ley es inconstitucional y sólo busca reescribir la historia por parte de los radicales vascos».
El presidente de Dignidad y Justicia es tajante: «Sólo el título de la ley es una afronta. Se habla de un ‘contexto de violencia política’. Aprobar esta normativa sería dar luz verde a la creación de un tribunal paralelo, un tribunal elegido por afines a los postulados de los herederos de ETA, que tendría potestad para decir qué policías, guardias civiles o ertzainas torturaron a tal o cual etarra que denunció torturas».
Para Portero, con esta ley se facilitará lo que han denominado como «la teoría del conflicto». «Justificará los asesinatos de ETA porque había un conflicto político y existía una violencia previa, ese es el relato que tratarán de imponer si esta norma sale adelante y la comisión es avalada».
«Equipararán a víctimas del terrorismo con los etarras, y justificarán un relato de conflicto. El PNV está en ello, es el partido más traidor del Estado de derecho. Sería el imperio de la mentira. Equiparar a víctimas con etarras no puede estar en el orden del día y por eso creo que el Tribunal Constitucional no amparará esta maniobra y nos permitirá personarnos», zanjó.
Por su parte, desde las filas de Covite, asociación presidida por Consuelo Ordóñez, se entiende que la retirada del recurso «implica dejar en manos del Gobierno vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional». Alegan que la ley vasca de Abusos Policiales fue recurrida porque parte de su articulado contraviene gravemente la Carta Magna, por lo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto.
Covite denuncia que la intención del Gobierno vasco con la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales es que el Estado de Derecho «no controle su potestad normativa que, en este caso, es decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales».
Así, se dará la cobertura legal necesaria «para perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años».