Habrá que encontrar un nombre para esa nueva ley con la que Pedro Sánchez pretende blindar a su familia. Rafa Latorre proponía el de «ley Begoña», porque en esencia su objetivo único es la de proteger a la esposísima –y de paso al hermanísimo–, pero podría servir también el de «ley Calígula» en homenaje al emperador paranoico y endiosado que se enfrentó al Senado y a todas las instituciones susceptibles de poner límites a su megalomanía. Otra posibilidad, de semántica más compleja, podría ser la de «ley de Confiscación de Competencias de los Tribunales de Justicia», por su intención manifiesta de someter el Derecho Procesal a la caprichosa conveniencia política.

En cualquier caso, al farragoso texto de la proposición legislativa le bastarían dos artículos para cumplir la finalidad prevista. 1: Queda prohibida toda clase de pesquisa o investigación judicial sobre el presidente del Gobierno o su entorno cercano, con validez retroactiva. Y 2: La prohibición puede ser extendida a la apertura de sumarios que impliquen a cualquier persona que el presidente diga. Si uno tiene el poder, y con él la facultad de decidir incluso el significado de las palabras, como el Humpty Dumpty del País de las Maravillas, qué necesidad hay de enredarse en ‘technicalities’ jurídicas. Se arbitra el archivo inmediato de los procesos en curso y se acabaron las tonterías de esa pandilla de jueces fascistas.

Se trata de demostrar quién manda. Desde Tocqueville para acá, todos los teóricos de las garantías democráticas se han revelado unos maulas cuyas doctrinas han quedado además completamente desfasadas. Menuda pérdida de tiempo todas esas zarandajas. El populismo posmoderno ha demostrado que la diferencia entre verdad y mentira carece de importancia y que los mecanismos de control no sirven de nada cuando un gobernante quiere imponer por las bravas su voluntad soberana. Si las leyes estorban, se cambian sobre la marcha de un plumazo y santas pascuas. ¿Que no se puede? Sujetadme el cubata. Para qué andarse por las ramas con lo sencillo que resulta mandar a tomar por saco la milonga de la ética weberiana.

Los optimistas que aún confían en que un proyecto así no saldrá olvidan varios aspectos relevantes. El primero, que también allana a Puigdemont, cuyo acuerdo es crucial, la resolución de sus problemas penales. El segundo, que el Tribunal Constitucional está en condiciones de bendecir lo que Sánchez le ponga por delante. Y el tercero, que la Unión Europea está harta de conflictos españoles y no parece muy dispuesta a implicarse más allá de admoniciones genéricas de efecto improbable. Después de la amnistía y la supresión de la sedición no entraña muchas dificultades una simple reforma legal para exonerar a amigos y familiares. El gran descubrimiento del sanchismo consiste en que nadie había pensado que el camino hacia la autocracia podía ser tan fácil.