Ignacio Camacho-ABC
- Este Gobierno nació de una promesa incumplida y a partir de ahí ha hecho del engaño de Estado el epítome de su política
Hoy hace dos años que los Reyes Magos y un señor de Teruel, cuyo voto resultó decisivo, nos trajeron el regalo del ‘Gobierno de progreso’ actualmente en ejercicio, la alianza Frankenstein a la que en este tiempo se han añadido como socios estables los albaceas del posterrorismo. El papel del diputado turolense en la formación de una escueta mayoría conviene recordarlo cuando empiezan a formarse nuevas candidaturas localistas dispuestas a seguir su ejemplo de compraventa especulativa en el mercado negro de la política. Sobre el balance de la gestión, si así puede llamarse, caben pocas conclusiones que no estén repetidas, pero si hubiese que escoger un solo sintagma para definir este mandato sanchista quizá ninguno sea más preciso que el
de Bienio de la Mentira. Por encima del sectarismo, de la incompetencia, de la imposición abusiva de prejuicios ideológicos y del desmedido recurso a la autoapología propagandística, el rasgo esencial de la media legislatura en curso es la falsedad, la ausencia de transparencia, la doblez y, en definitiva, la falta de respeto a la palabra dicha.
Este Gabinete de coalición nació de una célebre promesa incumplida, la de que Sánchez jamás pactaría con los independentistas y con Podemos porque la simple formulación de esa idea le quitaba el sueño, y a partir de ahí todo su desempeño es coherente con ese carácter fraudulento. No hay una sola verdad en sus actuaciones ni en su proyecto, sin que parezca preocuparle la pérdida de crédito. Oculta información, cambia cada día de criterio, inventa ficticios comités de expertos, negocia con los adversarios de la Constitución acuerdos secretos y hasta ha sido capaz de usar una pandemia como pretexto para esquivar el control del Parlamento. La crisis del Covid, en la que ni siquiera ha ofrecido un inventario fiable de muertos, representa el epítome del engaño de Estado, una descomunal manipulación que incluye encubrimiento, amaño de datos, elusión de responsabilidades y medidas inconstitucionales cuya revocación por el Tribunal de Garantías tumbaría cualquier aspiración de liderazgo en un país de mínimo rigor democrático. El indulto a los sediciosos catalanes y el trato de favor a los presos terroristas vascos suponen una burla a los electores que hayan podido creer las reiteradas proclamas en sentido contrario. El desgobierno, el fracaso económico, el asalto a la justicia, las leyes divisivas o el caos sanitario resultan tachas veniales al lado de ese desprecio sistemático al contrato moral con los ciudadanos. Incluso en el caso de que éstos se muestren dispuestos a perdonarlo.
Porque lo sorprendente de esta procaz impostura es que conserve todavía alguna expectativa de confianza. Y eso interpela a la psicología social de una parte de la nación conforme o resignada a permitir que le mientan a la cara mientras considere uno de los suyos al que lo haga.