EL CONFIDENCIAL 12/02/16
BEGOÑA VILLACíS
· Quienes durante décadas han vivido de esa forma se resisten a comprender que los españoles ya no tragan, que son más conscientes que nunca de la cleptocracia en que degeneraron sus instituciones
· “Me ordenaron que yo tenía que contratar… me parece que lo máximo que yo podía, 120.000 euros…”.
¿Nuremberg? No, Mallorca. Con esta frase de ‘bienmandao’ justificaba D. Antonio Bernal, mayor de edad y exgerente de Illesport, los criterios organizativos y de reparto de las arcas públicas que inspiraban al entramado mallorquín. De los despachos de madera y marcos de plata que enmarcaban a los otrora ilustres, y de aquellos bodorrios y banquetes, al desgastado banquillo de acusados y al blanco fluorescente de juzgado sin solución de continuidad, así podríamos resumir la transición política balear. Por cierto, que no fue ninguno de los que se ponen la pegatina de “ya no vamos a pasar ni una” los que han sentado en el banquillo a Matas, Urdangarin y compañía.
No, todo esto vino provocado por una singularidad que tiene, o al menos tenía, nuestro país, la acción popular. La acción popular, tan nuestra, trae su origen en Las Siete Partidas y es reconocida en el artículo 125 de la Constitución Española, permite que cualquier persona, asociación o sindicato en España pueda personarse como acusación en un caso, por la mera presencia de quebrantamiento de la ley por parte del acusado. No es necesario justificar su interés procesal o haber sido en forma directa lesionado por dicha conducta.
Desde hace poco, ni sindicatos, ni partidos, ni asociaciones podrán sentar en el banquillo a políticos, insignes consortes y demás vividores de lo público
Eso, y no el viacrucis que fingen infringirse los viejos partidos, ha permitido a una causa como Nóos llegar donde ha llegado. Esto lo saben muy bien en el PP, y por aquello del qué dirán, corrieron a vender a una escéptica opinión pública toda una batería de medidas supuestamente anticorrupción, medidas solamente para ocupar BOE y portadas, mientras pícaramente silenciaban una mutilación de nuestra acción popular. Ahora ya no: ni sindicatos, ni partidos, ni asociaciones podrán sentar en el banquillo a políticos, insignes consortes y demás vividores de lo público, aunque esto lamentablemente no ha ocupado portadas ni titulares. Hoy no sería posible impulsar, como se impulsó en su día, un caso Nóos, un caso Atutxa, un caso Banca Catalana y tantos otros.
La frase que da inicio a este artículo ha sido, es y será repetida en un sinfín de juzgados esparcidos por toda España: Mallorca, Madrid, Valencia, Cataluña, por poner solo algunos ejemplos. Asistimos a un cataclismo político sin precedentes, que nos ha sido suministrado lentamente y con cuentagotas, como para ir entonando el cuerpo. Ni el visionario Berlanga, señores, con su sensacional título ‘Todos a la cárcel’, podría haber confabulado el presente escenario, más propio de ‘Trece rue del Percebe’.
Todos obedecían órdenes, todos y cada uno de ellos participaban de una cadena de mando perfectamente orquestada, todos, en definitiva, participaban con asombrosa naturalidad de una orgía de delitos para nada accidental, pues suponía su ‘modus vivendi’. Quienes durante décadas han estado viviendo de esa forma se resisten a comprender que los españoles ya no tragan, que son más conscientes que nunca de la cleptocracia en que degeneraron sus instituciones y que el vaso está más que colmado. Su miopía, acrecentada en estos años, no les deja ver en qué se han convertido, qué opinan la mayoría de españoles sobre ellos. Y ni siquiera se huelen la tostada de que su tiempo ha acabado.