No fue lo mismo. La manifestación de ayer en Barcelona a favor del bilingüismo poco tuvo que ver con la demostración masiva de constitucionalistas que salieron a la calle aquel 8 de octubre de 2017 para protestar contra la independencia que promovían los gobernantes. Una manifestación que resultó tan numerosa que finalmente los socialistas se unieron a aquella riada humana «a título personal». La situación ha cambiado mucho desde entonces. Ayer eran menos que hace cinco años, entre otras cosas porque los socialistas ya no están en esa liga.

Los manifestantes convocados por la entidad Escuela para Todos reivindicaban el derecho a una educación con el 25% de clases en castellano exigiendo, por lo tanto, el cumplimiento de la ley. Protestaban contra el ‘apartheid’ lingüístico de la Generalitat, sí, pero también contra el Gobierno de La Moncloa y contra los socialistas por haber aprobado una norma en el Parlamento catalán pensada para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y eliminar, así, ese cuarto de enseñanza en castellano que exigía la ley.

Al pedir el cumplimiento de la Constitución y el fin del atropello de la Generalitat con su prohibición del español, tenían la fuerza de la razón y, por supuesto, de la ley. Pero esa misma ley es la que los gobernantes de la Cataluña de hoy se saltan contando con la anuencia de los socialistas. Se sienten abandonados por el Estado. En TV3 les han llamado de todo -«trozos de mierda» y «ñordos», como gentilicio despectivo de ‘españoles’)- en su cruzada hispanofóbica. ¿Dónde estaba el PSC? A esa pregunta retórica respondían ayer con otro interrogante: ¿qué significa la «desjudicialización» de la política pactada entre el Gobierno de Sánchez y ERC en la mesa de negociación? Que los tribunales dejen de supervisar la posible inconstitucionalidad de la exclusión del castellano, por ejemplo. Y, para ello, nada más oportuno que cambiar las mayorías en el Tribunal Constitucional.

El supremacismo va extendiendo su red. Y muchos ciudadanos quedan atrapados. Sin percatarse de que el aprendizaje del español no se puede tratar como un idioma extranjero cualquiera. No se trata de asentir diciendo que «el saber no ocupa lugar». Se trata de defender el derecho de los niños a ser escolarizados en los dos idiomas de la comunidad. Una situación que no difiere mucho de la que se vive en el País Vasco. La exigencia del nivel de euskera para poder enseñar a conducir en las autoescuelas. El despido de una profesora de zumba, con 57 años y 23 de antigüedad, por no haber podido presentar el perfil de titulación de euskera, aunque lo habla. Injusticias que no desbordan las aguas porque pocos se atreven a protestar.

En Barcelona se esperaba ayer a Feijóo. Pero se quedó en Toledo, reunido en la sesión interparlamentaria. Que estuviera Cuca Gamarra compartiendo espacio con Ciudadanos y Vox no era problema. Pero él, no. Si fue un cálculo electoral para evitar un ‘Colón II’, hay que reconocer que fue una opción arriesgada. Su ausencia defraudó a muchos de sus seguidores. Si para atraer el nuevo voto de los decepcionados con los socialistas deja escapar por la misma puerta al electorado convencido, no habrá valido la pena. Desde su convención fijó su reto en lograr la «cordialidad lingüística» cuando gobierne. ¿Cómo lograr la cuadratura del círculo? Ayer miles de ciudadanos salieron a la calle. Y eso ya es un éxito, dado el ambiente hostil hacia el bilingüismo. Pero el constitucionalismo en Cataluña sigue flojo, muy flojo.