Nunca antes en democracia se había humillado y desprestigiado tanto la separación de poderes como en los dos últimos años, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura que eliminó las pocas líneas de entendimiento que existían entre esos dos partidos, que son los que desde hace 40 años se turnan en el Palacio de la Moncloa. Las dos elecciones generales celebradas con posterioridad a aquella moción de censura de junio de 2018, aunque las haya ganado el PSOE, no han hecho más que aumentar el enconamiento y la crispación ante la debilidad parlamentaria de los socialistas y la necesidad de coaligarse con la extrema izquierda de Podemos para poder formar Gobierno. La consecuencia más perversa para el Estado es el desprecio y la vejación institucional a que se está sometiendo al poder judicial, la parte más débil de los tres poderes en los que se debe asentar toda democracia. El poder político, el ejecutivo y el legislativo, ha tratado siempre al poder judicial con displicencia, como si fuera un poder subalterno en una democracia, y ahora, en plena guerra política, deben considerarlo una víctima inevitable del fuego amigo.

Siempre que se menciona el poder judicial y el grotesco intento de intervención de los poderes ejecutivo y legislativo, es necesario aclarar, antes que nada, que, aunque los partidos políticos se repartan las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, eso no influye en la independencia profesional de los miles de jueces y magistrados que hay en España. Incluso en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, donde sí se designa directamente a la cúpula de ambas instituciones; que sea así, no supone dar por finiquitada la independencia de las resoluciones judiciales, porque eso sería insultar gravemente el acreditado prestigio de muchos magistrados.

Solo hace falta repasar algunos de los últimos casos para saber que el control político de la Justicia es imposible… La cuestión es que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, no puede seguir mangoneado por el poder político porque tienen que ser los propios profesionales los que tomen las riendas de su destino para conseguir que la Justicia en España sea más eficiente y de mejor calidad. Ese es el mayor atentado que se perpetra: el desprestigio institucional del poder judicial, su subordinación en contra de lo que, con claridad, encomienda la Constitución española.

La guerra sin cuartel que mantienen el PSOE y el PP desde la moción de censura contra Mariano Rajoy no puede convertir en un despropósito mayor la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, con la huida hacia adelante con la que ambos amenazan. Por un lado, los socialistas amagan con romper con el acuerdo de los últimos 40 años, echarse en manos de Podemos, en su versión más autoritaria de extrema izquierda, y promover una reforma del CGPJ que lo convertiría, ‘de facto’, en un apéndice del Ministerio de Justicia.

Como se ha visto desde el principio, esa reforma supone un atropello tan descabellado, que de ninguna forma puede salir para adelante a corto y medio plazo. La Unión Europea ha sido la primera en advertirlo y, por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la primera coyuntura que se le presentó para guardar la reforma en el cajón. Aquello ocurrió, exactamente, en la última sesión del debate de la moción de censura que presentó Vox, de la que se cumplirán dos meses dentro de unos días. De nuevo, como ya sucedió al final del verano, el Partido Popular no oculta que existe un acuerdo sobre los asuntos fundamentales para desbloquear la elección del Consejo General del Poder Judicial, pero siempre acaba anteponiendo trabas y excusas para no firmar ese pacto. Ningún momento político le viene bien al presidente del PP, Pablo Casado, para sentarse a firmar un acuerdo con Pedro Sánchez, acaso por el temor que le tiene al uso que pueda hacer de esa foto su rival de la extrema derecha, Santiago Abascal. De modo que, como el PSOE, opta por la huida hacia adelante, el mantenimiento del bloqueo, pensando que le será más rentable que los socialistas se echen al monte y aprueben su reforma radical en el Congreso, que acabará en el Tribunal Constitucional y con la desaprobación del Consejo Europeo.

Fue la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, al poco de reiniciarse las conversaciones entre socialistas y populares, la que desveló, incluso, que el posible acuerdo incluiría el compromiso de ambos partidos para que, dentro de cinco años, cuando expire el Consejo General del Poder Judicial que se elija ahora, sean los jueces y magistrados los que voten a la mayoría de los vocales, como marca la Constitución. Sería la primera vez que ocurriese y, sin duda, la corrección de una anomalía democrática que nos hace figurar en las denuncias anuales del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco).

¿Qué mayor interés de Estado puede existir que ese acuerdo, que desbloquea la renovación del Consejo y sintoniza el poder judicial con el mandato constitucional? Pues con excusas y discursos impostados, como el hipotético indulto de los presos independentistas, los populares de Pablo Casado mantienen ese bloqueo irresponsablemente. Solo con pararse a pensar en que el PP está implicado en el monumental escándalo de la operación Kitchen, el intento de entorpecer una investigación judicial desde el propio Ministerio del Interior, a los populares se le cae por los suelos toda excusa de supuesta ‘protección’ de la Justicia. Sí, todo eso debería llevar a los populares a ser mucho más prudentes en sus invectivas… Así que, por mucho que lo pretendan, en el bloqueo mezquino del poder judicial, socialistas y populares van cogidos de la mano.