La llamada ‘ley trans’ es un bodrio jurídico. El juicio de valor lo emiten en voz (cada vez menos) baja bastantes miembros del Gobierno. Y añaden consideraciones similares sobre la de Bienestar Animal –que puso de los nervios a Page por sus efectos sobre la caza con perros– y en general sobre todos los empeños legislativos que salen de las carteras de Podemos. A algunos tampoco les gustaba demasiado el «sólo sí es sí» de Irene Montero pero al final se conformaron con pulir algunos aspectos durante el trámite en el Parlamento. Esta vez hay ‘lobbies’ internos del PSOE, como el del feminismo, con suficiente peso para dar la batalla sobre el concepto de la autodeterminación de género, que a su razonable criterio contradice la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos. El problema consiste en que cuando surgen conflictos en el Gabinete Sánchez suele acabar cediendo ante sus socios con tal de evitarse jaleos, motivo por el que los discrepantes tratan de convencerlo de que el apoyo de ciertos relevantes grupos de influencia también está en riesgo. De momento están dilatando el plazo de enmiendas en el Congreso, pero queda un año de legislatura y es demasiado tiempo para dejar que caduque el proyecto. Lo van a tener que resolver en este mandato y la grieta que se ha abierto en la coalición es lo bastante profunda para que entorpecer el acuerdo. El ‘casus belli’ puede incluso enmarañar la negociación de los Presupuestos.

El PP parece dispuesto a colaborar para corregir la chapuza, ignorando el principio de no distraer al adversario cuando elige el camino equivocado. Si Feijóo piensa derogar la norma, como ha prometido, no necesita echar ahora una mano salvo que trate, como parece probable, de ampliar la brecha de contradicciones entre los aliados. El enredo es serio porque afecta al núcleo de la estrategia identitaria de la izquierda, en este caso llevada a su formulación más extrema. La pasión por la ingeniería social ha devenido en una lucha de poder fragmentada en parcelas, en segmentos sociales atomizados por lo que Robert Hughes llamó –¡¡hace tres décadas!!– la cultura de la queja: el victimismo fraccionario de colectividades cada vez más estrechas. De tal modo que la sedicente ‘alianza de progreso’ se ha tendido una trampa a sí misma y en su afán por aglutinar el favor de las minorías ha terminado por introducir una cuña divisiva en la cohesión del potente movimiento feminista. El pulso, que tiene o debería tener implicaciones en disciplinas médicas como la psiquiatría, la cirugía o la endocrinología, le ha costado ya el cargo al menos a una ministra crítica mientras la mayoría social asiste a la polémica en actitud entre indiferente o perpleja. Los precedentes, es decir, la experiencia, indican que si el Ejecutivo no logran hallar una posición intermedia será su facción más sensata la que pierda la apuesta.