Uno de los legados —quizás el peor— del progresista Barack Obama fue la presidencia de Donald Trump. Mark Lilla escribió en 2018 un ensayo para analizar el porqué de este tránsito abrupto de un liberal a un populista y alumbró un texto de referencia titulado ‘El regreso liberal’ (Debate 2018). Según un aventurado resumen, Lilla mantenía que los liberales americanos —una especie de izquierda en los Estados Unidos— se había «autosaboteado» por la persistencia en las «políticas de identidad». Y se lamentaba: “Cada avance de la conciencia identitaria liberal ha marcado un retroceso de la conciencia política liberal”. Olvidar la ciudadanía como condición común para primar rasgos específicos legítimos, pero no el prioritario (ecologista, homosexual, afroamericano, feminista), encumbró al republicano en la USA profunda.

Otro intelectual, en este caso español, el filósofo José Luis Pardo, escribió dos años antes, en 2016, un ensayo que sigue teniendo una extraordinaria vigencia: ‘Estudios del malestar’ (Anagrama), en el que denuncia el confuso parloteo progresista para contemplar en toda su autenticidad el propósito del populismo en nuestro país, protagonizado por Podemos y por los independentistas que cultivan la “política del lamento”.

En España, el Gobierno de coalición, con la impertinencia del que sabe que hace mal, pero que de no perpetrarlo quedaría fuera del poder, está aprobando unos Presupuestos Generales del Estado a los que atribuye todo tipo de connotaciones positivas: son justos, son los de la recuperación, son para la gente… Pero los ha negociado con una vocación evidente. No es otra que asegurar los apoyos parlamentarios de los grupos independentistas y nacionalistas, a los que ha permitido que tomaran las cuentas públicas como un botín para seguir asegurando sus bastiones identitarios en Euskadi y en Cataluña.

Aunque la ministra de Hacienda adujo indignada que ella solo hablaba de números con sus interlocutores, lo cierto es que nada tiene que ver con la planificación presupuestaria la ley audiovisual con el blindaje del catalán —contrapartida para que ERC no enmendase la ley a la totalidad— ni la transferencia del ingreso mínimo vital al Gobierno vasco —gracias a cuya cesión el PNV se abstiene también de obstaculizar las cuentas públicas en su primer control parlamentario, que se producirá el jueves en el Congreso—.

La negociación presupuestaria tendría que mantener una lógica política y metodológica: en ella se transacciona sobre las fuentes de ingresos del Estado y de la distribución del gasto. Es una sencilla ecuación en la que el Gobierno y sus aliados —y la oposición, en la medida de lo posible— tienen que atender las necesidades de la ciudadanía, no aprovechar el trámite para reforzar las identidades territoriales, o, en otras palabras, no debería admitirse conceptualmente que estos presupuestos fuesen confederales de España, Cataluña y Euskadi. De hecho, lo son. No se ha visto a Fernández Vara enarbolando un acuerdo con el Gobierno para financiar las infraestructuras ferroviarias de Extremadura; ni a López Miras esgrimiendo un acuerdo para llevar agua a la huerta murciana; ni a Fernández Mañueco, de Castilla y León, mostrando las partidas presupuestarias que se dedicarán a uno de los territorios más vaciados demográficamente de nuestro país… Y así hasta el final del listado de otras comunidades autónomas con serias necesidades financieras.

No es preciso que se articule constitucionalmente la cosoberanía de la plurinacionalidad que predica el ‘progresismo’ porque —mediante una mutación de la Carta Magna por vía de hecho— ya se ha conseguido. España aparece como una parte del Estado que se completa con el País Vasco y Cataluña. Asumido que los símbolos comunes no se muestran en estas dos comunidades; comprobado que disponen de una identidad excluyente de la común española; establecido como normal que la política de relación de ambas con el Gobierno y la Administración general del Estado es bilateral y que sus responsables se abstienen de asistir a los órganos multilaterales, salvo con una representación de segunda fila, el propósito separador se ha consumado de manera fáctica.

El progresismo en el Gobierno ha dejado que los Presupuestos Generales del Estado se conviertan en el botín identitario de los nacionalistas 

La izquierda —se suponía— primaba la ciudadanía sobre las identidades grupales porque lo común se impone en el criterio de la igualdad y la solidaridad sobre lo específico. Antes que otra condición, la de los ciudadanos es la primera sobre cualquiera, y supone la igualdad ante la ley, el cumplimiento de sus deberes solidarios (pagar los impuestos y cumplir las normas) y ejercer responsablemente la libertad. Además, cada ciudadano dispone de su patrimonio de opciones legítimas que afectan a sus afectos y razones y a sus tendencias personales, todas ellas respetables y protegibles. Y lo mismo ocurre con la relación de pertenencia a una comunidad política autonómica —de cualquiera de las tres nacionalidades de España y del resto de las regiones—. De tal manera que las políticas de incremento del autogobierno (lengua, instituciones propias, cultura, competencias) tienen un ámbito de discusión que no es el presupuestario porque en ese marco es en el que se oficia el ritual de la igualdad y de la solidaridad.

El progresismo en el Gobierno ha dejado que los Presupuestos Generales del Estado se conviertan en el botín identitario de los nacionalistas que, al tiempo que lógicas partidas dinerarias, han arrancado jirones de poder para regresar vencedores de la transacción a sus feudos y continuar allí imponiendo la hegemonía del nacionalismo o del independentismo, achicando la extensión de la ciudadanía y circunscribiéndola a aquellos que la entienden como una pertenencia tribal y excluyente a un territorio. Por eso a estos presupuestos les falta ética, pero también estética. Y realismo. Son los últimos de los últimos del Gobierno de Pedro Sánchez, que con ellos se autosabotea.