Braulio Gómez-El Correo
Cuando alguien dice que «pone la mano en el fuego por alguien» está diciendo que confía plenamente en esa persona y está dispuesto a asumir las consecuencias si esa persona no resulta ser lo que se espera. Por lo tanto, «poner la mano en el fuego» implica jugarse la propia reputación y credibilidad en favor de otra persona, basándose en una confianza inquebrantable. El actual Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, habían puesto la mano en el fuego y habían defendido desde las instituciones públicas la honradez del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que estaba siendo puesta en duda razonablemente desde que estalló el ‘caso Koldo’. El anterior secretario de Organización, José Luis Ábalos, ya fue suspendido de militancia del PSOE en febrero de 2024 y se le pidió el acta de diputado solo seis días después de que fuera detenido su asistente personal, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.
La semana en la que se ha hecho público el informe de la Guardia Civil en el que se aportan pruebas de cómo los dos secretarios de Organización de la confianza inquebrantable de Pedro Sánchez se repartían miles de euros en comisiones por la adjudicación de obras del Gobierno, el presidente, además de pedir perdón y asumir la gravedad de los hechos, quiso dejar claro que en su partido el que la hace la paga, no como en otros.
Pero el rastro de su comparecencia no permite ver a un regenerador de la democracia, aunque no se forme parte de la comunidad de odiadores del sanchismo. Al contrario, refuerza el argumento de que en los partidos pueden llegar a puestos de responsabilidad personas deshonestas que solo son retiradas de la esfera pública cuando alguien les pilla cometiendo un delito. Y nunca es el mismo partido el primer denunciante. Y esto extiende la sospecha de que los partidos no sirven como barrera preventiva para alejar de la representación a personas indeseables antes de que la ciudadanía se los encuentre en unas listas electorales y en un cargo público. Lo que por desgracia parece que se ajusta más a la realidad de los partidos es que solo se paga si se hace público de forma inapelable el escándalo.
En el mundo ideal de la regeneración de la democracia, Pedro Sánchez ya no podría seguir siendo el secretario general del PSOE, ni el candidato socialista a las próximas elecciones generales después de haber puesto la mano en el fuego por sus dos secretarios de organización corruptos. En la política real veremos cómo se intenta salvar la legislatura con nuevos acuerdos con los socios de gobierno e investidura.