Tonia Etxarri-El Correo

Servido en bandeja. De la mano de Vox y con la conformidad del PP, el Congreso debate hoy, martes, la toma en consideración de la proposición de ley que contempla la prohibición del uso del burka y el niqab en los espacios públicos de nuestro país. Esas vestimentas que ocultan todo el cuerpo de las mujeres y que las utilizan quienes interpretan el cumplimiento más desviado del Islam vienen dando quebraderos de cabeza a nuestros legisladores desde que, en 2010, la ciudad catalana de Lleida fue la primera que prohibió su uso en dependencias municipales.

El veto a la utilización de prendas que suponen una discriminación por razón de sexo y que se imponen únicamente a mujeres y niñas con la finalidad de marcar una diferencia normativa y jerárquica entre sexos choca directamente con el artículo 14 de nuestra Constitución. Es incompatible con las sociedades democráticas. Quienes, como la derecha y las feministas clásicas, abogan por su prohibición, se enfrentan abiertamente a la izquierda que sostiene que si se les niega a las mujeres que vayan tapadas íntegramente (bajo unos barrotes de algodón, tal como definía la escritora Oriana Fallaci a los burka o mostrando solo los ojos con los niqab) podría marginar a las minorías y provocar el abandono escolar de las niñas afectadas. El debate, aunque este fenómeno se esté dando más en Cataluña que en otras comunidades, está servido.

El momento elegido coincide con el pulso negociador autonómico que mantienen PP y Vox, en plena pujanza electoral del partido de Santiago Abascal, para formar gobierno en Extremadura y Aragón. En realidad, aunque el PP ya se pronunció a favor de la prohibición de estas prendas que denigran a las mujeres en espacios públicos durante su congreso en julio, en esta ocasión sigue la estela de Vox. Hoy, la derecha –que tanto entretiene al Gobierno de Pedro Sánchez– coincidirá en la votación.

Una iniciativa que obligará a Junts, tan pendiente del ascenso de la extrema derecha independentista e islamófoba de Aliança Catalana, a pronunciarse. Pero, en su caso, que han hecho del traspaso «integral» de la competencia de inmigración uno de los caballos de batalla en su pulso con el Gobierno, no parece que vaya a haber sorpresas. Harían bien en enfocar el debate sin insultos partidistas. Más allá de eslóganes.

Fuera de Cataluña y Baleares, otras comunidades se toman la polémica con cierta distancia, pero en varios países de la Unión Europea ya han adoptado medidas restrictivas alegando, además, motivos de seguridad. Parece lógico. Las sociedades occidentales, después de los atentados yihadistas, se sienten más amenazadas. Por eso concentran sus medidas contra el fraude de identidad.

En los sesenta, el presidente egipcio Abdel Nasser contaba a su público que el líder de los Hermanos Musulmanes le había pedido que obligara a todas las mujeres por ley, a usar el hiyab. Y el presidente le contestó: «Si tú no has logrado que tu hija vaya cubierta a la universidad, ¿cómo pretendes que yo obligue a diez millones de mujeres?» Las risas estruendosas del auditorio revelaban una sensación de libertad que ahora mismo muchas mujeres musulmanas no tienen. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. A peor.