Quizás un magistrado del Supremo no sea la persona más adecuada para declarar su «estupor» por una disposición constitucional que afecta a los miembros del Congreso. No al menos en un auto dictado al amparo de su función jurisdiccional, por más que a título privado comparta con muchos ciudadanos el criterio de que se está produciendo un uso sesgado y torticero de la prerrogativa del aforamiento. Es de suponer que el juez Puente haya calibrado y descartado la posibilidad de que esa coda pueda influir en el proceso propiciando algún recurso susceptible de permitir al imputado –Ábalos en este caso– declararse víctima de algún tipo de sesgo, pero aun así cabe entender que la digresión está fuera de lugar en ese delicado contexto.

Otra cosa es que el instructor esté cargado de razón al denunciar el evidente abuso de un privilegio parlamentario. No sólo en términos generales o abstractos, porque el procesamiento del exministro, aunque Puente no pueda manifestarlo, no ha sido una consecuencia sobrevenida a su condición de diputado. El presidente destituyó a su entonces ministro y hombre de confianza a raíz de ciertas denuncias que recibió –y esto es un hecho contrastado– de su entorno inmediato, y lo incluyó en una lista electoral después de cesarlo. No parece descabellado colegir que con el mal disimulado objetivo de proporcionarle un escudo jurídico ante eventuales complicaciones derivadas de su conducta en el anterior cargo.

No es posible saber ahora mismo hasta dónde llegaba el conocimiento de Sánchez sobre las andanzas y manejos de su pretoriano favorito, pero la decisión de aforarlo sugiere algo más que una demostración de confianza o un gesto de respaldo político: un tráfico de favores mutuos, una trama de encubrimientos recíprocos. Ábalos era el factótum del sanchismo, la pieza clave del Ejecutivo y una especie de consejero delegado del partido. Desempeñó en la conquista del liderazgo socialista un papel decisivo, y ya en el poder tenía acceso a los secretos de su jefe y ejercía de solucionador de los más delicados compromisos. La clase de persona susceptible de convertirse en una amenaza en situación de desabrigo.

Como es lógico, el auto judicial no hace ninguna referencia, ni siquiera oblicua, a esa relación de interdependencia implícita. Sin embargo la cuestión es perceptible al fondo de toda la pieza, en especial en el lamento por la transformación de las garantías democráticas en una franquicia de inmunidad parcial autoconcedida. La explicación de los motivos para mantener en libertad al investigado trasluce una cautela sobrentendida ante una providencia de tanta repercusión como la de enviar a un congresista a prisión preventiva; incluso se podría deducir que el juez no vacilaría en adoptar esa medida en una tesitura distinta. Algo falla en la ley cuando se utiliza como burladero contra las cornadas de la Justicia.