Todo político (toda persona) por coriáceo que sea tiene algún punto débil, y el de Pedro Sánchez se llama Begoña Gómez. No se trata de la fragilidad sentimental que impostó, o no, en el sainete de la pausa, sino de la vulnerabilidad de un flanco que a veces resulta el más inesperado. El presidente ha superado el desgaste de sus mentiras sistemáticas, de su estilo autocrático, incluso tal vez de esa amnistía de inconstitucionalidad reversible, pero los trapicheos profesionales de su esposa se han convertido en un cable pelado suelto por los pasillos de La Moncloa. Al margen de que sea jurídicamente difícil probar un ilícito penal en esos manejos, el caso parece a todas luces incompatible con el decoro reputacional necesario en cualquier estándar democrático. Aunque la llamada a declarar como investigada –por tráfico de influencias y corrupción en sector privado, ojo– sea por ahora sólo un trámite procesal, fue el PSOE el que estableció el injusto rasero de la imputación como límite de la higiene pública. Y a ver cómo ahora Sánchez justifica que con él no rige el patrón de decencia que reclamaba a sus rivales. La repetición obsesiva del mantra del fango no funciona como eximente ni como atenuante.

No pasa semana sin nuevos datos. ‘El Confidencial’ ha revelado que la cónyuge registró una herramienta informática de propiedad ajena. La víspera de la citación judicial, los españoles vieron un vídeo donde el jefe del Gobierno elogiaba con profusión al empresario patrocinador del chiringuito académico de su consorte. En ese momento el citado industrial estaba pendiente de una adjudicación oficial millonaria cuya licitación contaba con el respaldo escrito de la señora Gómez. La obtuvo: en total se llevó más de diez millones. Antes se supo que la aerolínea de Globalia apadrinó económicamente otra iniciativa de la ‘segunda dama’ en víspera de recibir un cuantiosísimo rescate, que ella participó en reuniones con los responsables de la compañía –incluido un intermediario involucrado en el caso Koldo– y que su marido no se ausentó del Consejo de Ministros que aprobó la inyección financiera. Hechos, no bulos. Investigaciones periodísticas contrastadas, no fabulaciones esotéricas.

Más allá del recorrido sumarial –donde el fiscal está actuando como defensa privada al punto de provocar una llamada de atención del instructor–, el escándalo, que de eso se trata, exige algo más que cartitas propagandísticas al uso. Exige una explicación parlamentaria precisa y convincente, lejos de la retórica trumpista del barro y de las acusaciones contra la oposición y los jueces. Exige clarificación de responsabilidades políticas e institucionales por parte del presidente. Y si no la hay, el Partido Popular tendrá que tomar la decisión que está eludiendo por deferencia o por cautela. Citar a su mujer en el Senado e interrogarla sin reservas.