A Nixon le cayó la del pulpo cuando, años después de salir a gorrazos de la Casa Blanca, le dijo a David Frost aquello de «si el presidente lo hace, no es ilegal». Toda una declaración de principios sobre su concepto de la ley, de la democracia y de la impunidad del poder. Pedro Sánchez ha dado un paso más al proclamar la inocencia del fiscal general en mitad del juicio al que está sometido. Si el presidente lo dice no es ilegal. Si el presidente lo dice, no es culpable. Porque no es que haya declarado que confía en que su protegido salga absuelto, sino que ha pronunciado el veredicto. Categórico, irrefutable, incontrovertible, apodíctico. Es inocente y punto. ‘Pormisco’, que decía aquel director general que firmaba ERE en un ‘post-it’ amarillo.

No se sabe para qué quiere este hombre reformar la justicia si él solo se basta para administrarla. Podría sentarse en la escalinata de la Moncloa, como los antiguos cadíes en las mezquitas, y recibir en audiencia a litigantes y acusados. Tú, libre; tú, castigado. A este que lo indemnicen, a aquel que lo destierren, a ése otro que le den cien latigazos. Yo, el Supremo, como aquel dictador paraguayo –real– de la novela de Roa Bastos. Total, no es muy distinto lo que ha hecho con los autores del golpe independentista catalán, con los exdirigentes de la Junta andaluza o con los etarras excarcelados. A qué tanto papeleo, tanto recurso y tanta gaita. Simplificando, que es gerundio: el Derecho lo interpreta el que manda.

Como de momento esa clase de justicia directa es un poco complicada de implementar, porque la zarandaja ésa de la Constitución pone algunas pegas, ahora pueden pasar dos cosas: que el Supremo –el de verdad– condene a García Ortiz o que lo absuelva. En el primer caso, el Gobierno recrudecerá su campaña de ‘lawfare’, se declarará víctima de una conspiración togada al servicio de la ultraderecha y esperará a que Pumpido revoque la sentencia; en el segundo, los siete magistrados de la Sala Penal darán la impresión de haberse plegado a una intromisión manifiesta. Y en cualquiera de los dos supuestos habrá una mitad de la sociedad española convencida de que el poder judicial carece de independencia.

El fiscal tiene suerte: los jueces van a ejercer con absoluto escrúpulo profesional, y lo sabe. Esa imparcialidad le otorga un cincuenta por ciento de posibilidades de salir exonerado del trance, más la confianza en que siempre le quedará el indulto o el TC al rescate. Por eso se ha aferrado al cargo en un desafío arrogante ordenado por el propio Sánchez para dejar claro que a Su Persona no la intimida nadie (sobre todo si no es él quien se juega la cárcel). Se trata de plantar cara a los tribunales, de señalarlos como la verdadera oposición, de restarles crédito y autoridad por no someterse a vasallaje. Y de ir preparando el ambiente para cuando toque juzgar a sus familiares.