Salvo sorpresa de última hora, un solo concejal popular, Carlos García, desalojará hoy con su voto a Bildu de la plaza más preciada que gobernaba en el País Vasco: la próspera localidad vizcaína de Durango, donde hace veintitrés años asistió al velatorio de su predecesor en dicho Ayuntamiento, Jesús María Pedrosa Urquiza, abatido de un tiro en la nuca por un matarife etarra que sigue sin responder de ese crimen. El voto de García, inquebrantable en su defensa de la libertad y la Constitución desde los ‘años de plomo’ que vieron caer a tantos compañeros suyos asesinados por los sicarios de la banda, será decisivo para arrebatar el poder a su brazo político y entregárselo a una coalición formada por PNV y PSE. La versión actual de ETA, esa que en el relato oficial no existe, ha intentado doblegarle sembrando el pueblo de pasquines amenazadores, pero él se ha mantenido firme. Un gesto de nobleza y coraje que constituye el contrapunto a la infinita miseria moral desplegada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mano derecha de Bolaños muy cercano al presidente, quien considera que los de Otegi «han hecho más por los españoles que los patrioteros de la pulsera». Puesto que el mercenario sanchista carece dignidad para presentar una dimisión honrosa, confiemos en que el 24 de julio sea el primer destituido del cargo que ha mancillado al proferir esas palabras.

El cambio empieza en Durango, dado el hondo significado simbólico de ese desalojo indispensable para restaurar nuestra salud democrática, aunque se extiende a toda España. Debe extenderse a toda España. Allá donde el centro derecha haya obtenido una mayoría suficiente para desbancar a esta izquierda que, no contenta con blanquear al partido de los terroristas, ahora lo ensalza sin taparse, PP y Vox tienen la obligación de entenderse en aras de cumplir la voluntad ciudadana. Sin complejos, sin mezquinos cálculos de conveniencia cortoplacista, sin prestar la menor atención a los reproches de quienes gritan «¡al lobo!» al referirse a los de Abascal mientras callan, asienten o miran hacia otro lado cuando el PSOE y Podemos indultan a sediciosos, liberan a violadores o redactan una ley de memoria histórica al dictado de los pistoleros que la tiñeron de sangre inocente. Allá donde la aritmética municipal y autonómica permita expulsar a Frankenstein, constituye un imperativo moral hacerlo sin excusas ni tardanza. Porque el electorado ha dictado sentencia y a los políticos corresponde acatarla y hacerla cumplir. Soy de las que opina que el pueblo se equivoca a veces al votar, aunque no suele tardar en enmendar su error siempre que se le brinde la oportunidad de hacerlo. En esta ocasión, apenas habremos de esperar un mes. En las elecciones generales saldaremos cuentas. Y si alguna formación es tenida por culpable de frustrar las esperanzas, a buen seguro que lo pagará caro.