El candidato tardoetarra

TIEMPOS de incuria son aquellos en que hay que discutir lo evidente. Desde que abandonó los comandos armados, Arnaldo Otegui no ha sido otra cosa que un etarra en comisión de servicios políticos. Aunque esos servicios incluyesen en cierto momento la participación más o menos intermitente en el mal llamado «proceso de paz», el intento de reconstrucción de Batasuna le costó una condena de cárcel y de inhabilitación cuya parte penitenciaria ya ha cumplido. Le queda la accesoria de privación del sufragio pasivo, y por tanto no se puede presentar a los comicios autonómicos porque hasta 2021 es inelegible. No hay más que hablar.

La única posibilidad que le queda de ser candidato tardoetarra consiste en un resquicio leguleyo de la sentencia –sus abogados arguyen que el texto no hace mención expresa de los puestos que le están vedados– sobre el que deberá resolver el Tribunal Constitucional. A veces el sentido común riñe con la literalidad jurídica, porque se supone que una inhabilitación genérica para cargo público incluye todos los cargos públicos, pero el Estado de Derecho al que tanto combatió le permite recurrir a través de ese portillo técnico. Lo que no cabe es discutir el sentido político de su apartamiento porque eso supondría subordinar la justicia a la (presunta) conveniencia y olvidar que ETA fue derrotada mediante la supremacía de las leyes. Además, en el plano de los principios, la candidatura de Otegi representa una afrenta a las víctimas y un desafío chulesco a la memoria de la resistencia contra el terrorismo. De su boca aún no ha salido una condena de los crímenes que apoyó ni un arrepentimiento sin casuismos. Está moralmente inhabilitado y su pretensión de ser lendakari es un escarnio. Si la autoriza el TC no será más que un escarnio autorizado por el TC.

La victoria contra el terrorismo permanecerá incompleta si no prevalece como relato moral. La permisividad equidistante del nacionalismo y de cierta izquierda –de forma incomprensible también de un PSOE que puso muchos muertos en la larga travesía del sufrimiento– pone en peligro esa narrativa al tratar de favorecer una reinserción exculpatoria. Según la errónea teoría de la normalización vasca, es menester reintegrar a la democracia al electorado del antiguo brazo civil de ETA; la tesis de los huerfanitos de representación que ya fue esgrimida, con augurios catastróficos, ante la ilegalización de Batasuna. Entonces no pasó nada. Mejor dicho, sí pasó. Pasó que el Estado aceleró la asfixia de ETA cerrándole el respiradero político.