Cuando España no se había recuperado del shock por el accidente ferroviario de Adamuz y todavía no se habían podido conocer las causas y encontrar a los desaparecidos; un nuevo hecho traumático irrumpía en escena. Otro descarrilamiento, esta vez en un tren de cercanías catalán 48 horas después, también con resultado mortal y un abultado número de heridos. De fondo, una huelga de los maquinistas por lo que consideran un «deterioro inadmisible» de las infraestructuras que compromete la seguridad y una gestión errática por parte de Adif subiendo y bajando los límites de velocidad a golpe de las incidencias que presentan los propios conductores que hacen el trayecto Madrid-Barcelona.

La tragedia, unida a la imagen de caos y la investigación apuntando a marcas por rotura de la vía en los primeros vagones del Iryo siniestrado y en otros convoyes que transitaron previamente por Adamuz, colocan al Gobierno en el punto de mira. En Moncloa se habían enfocado desde las horas críticas en evitar, precisamente, acabar en la diana. Se promovió un clima de colaboración institucional entre administraciones, para cortocircuitar cualquier crítica por parte de la oposición; se buscó ocupar todo el espacio informativo con la versión oficial, con un ministro de Transportes multiplicándose en intervenciones públicas y en medios de comunicación para tratar de controlar el relato porque, en esta tragedia las competencias son estatales.

Sin embargo, a medida que el vacío de información se va completando, el discurso del Ejecutivo no solo va quedando más comprometido en esta concreta cuestión, sino que supone una enmienda a la totalidad de la estrategia que se lleva meses desplegando por parte de Moncloa. Inmersos en un ciclo electoral, el Gobierno -con el PSOE en la oposición en todos los territorios que se someterán a las urnas- había diseñado una campaña orientada a confrontar su modelo de gestión con el del PP.

Ainhoa Martínez

El Ejecutivo se instala en una estrategia de control de la información y ubica al ministro Puente como cortafuegos

El propio Pedro Sánchez se identificó como ‘buen gestor’ frente a las autonomías gobernadas por los populares en una intervención en el Congreso de los Diputados, en la que enhebró un discurso al ataque contra las privatizaciones del PP y su negligencia en la dana de la Comunidad Valenciana; las privatizaciones en la Comunidad de Madrid, incluyendo la guinda del grupo ‘Quirón’; los incendios en Galicia y Castilla y León del verano o los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Sánchez criticó un modelo orientado a atentar contra el Estado del Bienestar frente a un Gobierno central que riega a las regiones de recursos, que estas dilapidan.

Esta defensa de la gestión queda en entredicho ahora. La estrategia del Gobierno se rompe por uno de los ejes vertebradores del territorio y uno de los servicios más democráticos, el tren. En Moncloa no ocultan su «preocupación» por el impacto que esto puede tener. Por un lado, en la medida de que pueda acabar instalándose un relato alternativo al oficial sobre las causas del accidente que les perjudique, pero también por que se vea afectado su principal baluarte: la gestión. El ministro de Transportes se vanagloriaba hace no mucho de que «el ferrocarril vive el mejor momento de su historia» y esto no se compadece con la realidad de unos viajeros que, a diario, sufren retrasos y que en un momento excepcional han sufrido un accidente de tanta gravedad.

Frente a todos los escándalos y polémicas que cercan al Gobierno, en Moncloa se defienden señalando que el país sigue adelante y lo hace con una situación económica saneada gracias a la buena gestión del Ejecutivo. En concreto, esta era la gran asignatura pendiente para la izquierda en el poder, demostrar a la ciudadanía que un gobierno progresista podía gestionar la economía en momentos de crisis.

Más allá de esta coyuntura, la debilidad parlamentaria tiene también un impacto en la inyección de recursos, la falta de Presupuestos en un contexto de déficit histórico en la inversión de la alta velocidad contrasta con el tráfico récord que existe en las infraestructuras desde la liberalización. Faltan trenes para atender una demanda disparada desde la entrada de operadores alternativos a Renfe y la red exige un mantenimiento cada vez mayor ante la multiplicidad de actores que recorren la red.

En el Ejecutivo preocupa que se genere una ‘crisis de confianza’ en el Gobierno, cuando todavía colea la gestión del apagón, porque esta sensación es mucho más pegajosa que la de los escándalos de corrupción. De ahí, que el presidente saliera el primer día a asegurar que se sabría «toda la verdad» y anticipar que se trataría con total transparencia los datos que se fueran corroborando por la investigación.

En Moncloa están dispuestos a dar las explicaciones pertinentes también en sede parlamentaria después de que la tregua política haya saltado por los aires. A Vox, que nunca participó de ninguna entente ni en lo peor de la tragedia, se suma ahora un potencial socio del Ejecutivo como es Junts para que Óscar Puente comparezca en el Congreso y plantee todas las explicaciones que hasta ahora está dando en los medios de comunicación.